Cuatro policías que fueron acusados por apremios ocurridos en el departamento Santa María no habrían sido sumariados. Es la denuncia realizada por ciudadanos de esa localidad que desde hace varios años aguardan respuestas desde la Jefatura Policial y la Subsecretaría de Seguridad.

Como representante de Pedro Alfonso Galarce y María Vera, la abogada María Gabriela Carrizo solicitó en dos oportunidades a la Subsecretaría de Seguridad que intervenga y ordene, según establece la Ley de la Policía, que se inicie el correspondiente sumario administrativo y apartamiento de los cargos de cuatro policías, en vista de las imputaciones por "privación ilegítima de la libertad", "abuso de autoridad", "lesiones leves" y allanamiento de domicilio sin orden judicial que pesan en su contra desde 2009. Hasta el momento, según aseguró la letrada, “no existen respuestas” y los efectivos no sólo siguen ejerciendo su función, sino que también habrían ascendido de categorías.

La historia, que involucra nuevamente al fiscal de Santa María, Marcelo González, y a diferentes jefes de policía y también a funcionarios de gobierno como el ex subsecretario de Seguridad Luis Baracat y el actual, Juan Pablo Morales, se habría iniciado en abril de 2009. En aquel momento, la esposa de Galarce habría realizado una exposición en la comisaría de la localidad santamariana de San José en la que daba cuenta del temor que sentía porque su pareja tomase la decisión de quitarse la vida, ya que estaba en un profundo pozo depresivo y había dejado de tomar la medicación.

La mujer no imaginó que este pedido de resguardo se volvería en su contra, pues el comisario Aníbal Parra, el entonces oficial Néstor Morales, el sargento Ariel Aparicio y el cabo Héctor Díaz habrían culminado irrumpiendo en su domicilio sin la orden de allanamiento correspondiente y tras golpear a Galarce se lo llevaron por la fuerza al hospital. Luego habrían requisado el domicilio en busca de armas y se habrían llevado $8.500 pertenecientes a la familia.

El fiscal González habría ordenado su archivo y hasta “incineración del expediente”, según contó. La medida fue apelada y el Tribunal de Alzada resolvió, en 2011, que la causa sea investigada por otro fiscal.

En este contexto, Carrizo contó que debió pedir la intervención de Baracat en su momento, ante la falta de respuestas por parte del entonces jefe de policía Francisco Soria. Sin respuestas a su pedido, el escrito fue presentado en marzo de 2012 a Juan Pablo Morales, pero “sin respuestas”. “Cada vez que voy no está y me dicen que el expediente está en la policía, voy a la policía y me dicen lo mismo. Esto es una burla. Sólo les pido que apliquen la Ley como corresponde”, dijo Carrizo.