A poco de asumir, el gobernador José Manuel de la Sota resolvió sacar la Apross de la órbita del Ministerio de Salud y pasarla a la de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Oscar González.

Según Roffé, se trata de una decisión “impropia” y “una muestra clara de que la obra social provincial carece de autonomía como lo determina la ley, y es manejada desde el Centro Cívico”. “Lo que ocurre que desde el punto de vista económico y financiero Apross no tiene una administración autónoma, que permita destinar los fondos de la obra social sólo a los servicios de salud. Todo lo contrario, los dineros de los aportantes van a rentas generales”, destacó Roffé. Y afirmó: “Todos sabemos que desde junio del 2010 los empleados públicos han logrados varios aumentos en sus haberes, y en consecuencia, han acrecentado automáticamente los ingresos a Apross”.

Roffé reprochó que ese incremento de los ingresos no fue trasladado a los aranceles, “lo que hubiera logrado una actualización acorde con la inflación”. El legislador recalcó que Apross no actualiza los aranceles a los prestadores desde junio del año 2010, y que paga $ 20 por consulta al médico generalista y $ 30 al especialista.