La gobernadora opinó que las afirmaciones del abogado Luis Augsburger son de una "gravedad institucional" que ameritan "denunciarse y dilucidarse en los estrados judiciales". En tanto, los presidentes de los bloques legislativos solicitaron la intervención del fiscal Mayor para "esclarecer y eventualmente sancionar la supuesta comisión delictiva".
Si bien se daba por descontada la continuidad del proceso, sorprendió la decisión en torno a Longhitano y Caballero, lo que refuerza las sospechas en cuanto a que el verdadero objetivo era dejar fuera de circulación a Ricciuti.
Cabe recordar que el vocal fue el principal crítico del proceso contra los integrantes del órgano de contralor, iniciado tras una denuncia del senador nacional José Martínez. Posteriormente, presentó su renuncia al cargo a la gobernadora Fabiana Ríos alegando razones de salud, pero la mandataria le rechazó la dimisión luego de que el abogado Luis Augsburger, entonces defensor de Ricciuti, denunciara públicamente que su cliente recibió unas sugerencia de parte de allegados a legisladores para que haga una "vaquita" a fin de "planchar" el juicio.
Lo cierto es que en medio de un clima enrarecido por el debate público los parlamentarios resolvieron con una argumentación llamativa, ya que inculparon a Ricciuti por ser el integrante con más antigüedad del cuerpo y uno de los firmantes de la acordada que dio lugar al cobro de los salarios por sobre el tope salarial. En tanto, sopesaron que los otros dos vocales asumieron cuando ya la normativa estaba vigente, por lo que los conminaron a acogerse a las mismas, caso contrario también serán sometidos a juicio político.
En todo caso, por más que las normativas estuvieran vigentes al momento de su asunción, los otros dos vocales no podían desconocer la irregularidad, y en función de ello deberían haber accionado para subsanarla y evitar seguir percibiendo sus haberes por fuera del marco legal.
La votación
En la Sala Acusadora se impuso por mayoría el dictamen que proponía la continuidad del proceso pero solo contra Ricciutti. Votaron a favor Mónica Urquiza (MPF), Ricardo Wilder y Ricardo Furlan (FPV) y Luis Velásquez (Movimiento Obrero), en tanto lo hicieron en contra Manuel Raimbault, Elida Deheza y Osvaldo López, todos del ARI, quienes había presentado otro dictamen pero para que el juicio político se sustente contra los tres vocales.
En tanto, se requirió a Caballero y Longhitano que se enmarquen en el tope salarial.
Ahora la Sala Acusadora designará una comisión integrada por tres de sus miembros para que sostenga la acusación ante la otra Sala, debiendo por lo menos uno de ellos ser integrante de la Comisión Investigadora. Luego se notificará a Ricciuti sobre la acusación y sus antecedentes, se lo suspenderá en sus funciones sin goce de retribución y se comunicará lo actuado a la Sala Juzgadora remitiéndole todos los antecedentes, y a partir de ahí el proceso tendrá carácter público.
Repercusiones
El primero en celebrar la resolución fue el senador Martínez, para quien de esta manera "quedó claro que se estaba violando la Constitución Provincial y la ley 50 que planteaban que nadie podía cobrar más que el gobernador".
En tanto, advirtió que "todo lo que cobraron por encima del sueldo de la gobernadora es perjuicio fiscal y lo tienen que devolver", y por ello "aparte del juicio político debe haber una acción judicial contra todos los que pasaron por el Tribunal de Cuentas".
No obstante, admitió que Longhitano y Caballero "cuando asumieron, tendrían que haber dicho que no estaban de acuerdo (con cobrar por sobre el tope) y hacer algún planteo", y en función de ello sopesó que "los tres vocales tienen distinto grado de responsabilidad pero acá no hay inocentes". Y sostuvo: "No sé qué merituaron los legisladores pero para mí había mérito para seguir; y la explicación de por qué a uno sí y a otros no la tendrán que dar los responsables".
Por contrapartida, Augsburger opinó que en la resolución contra Ricciuti "hubo intencionalidad" porque "se ignora que están los tres vocales incursos en los incumplimiento de los deberes de su cargo".
En ese sentido, observó que "se culpa sólo uno por ser el más antiguo, y a los otros dos les dan 48 horas para que regularicen su situación; ¿por qué a Ricciuti no le dan el mismo plazo para que regularice su situación?".
"Si uno lee los argumentos del doctor Manuel Raimbault y del doctor López y del legislador Wilder de porque uno si y otro no la gente tienen derecho a pensar lo que le parece", expresó.
Luego cuestionó un tramo de la resolución, según la cual "los tres incumplen las obligaciones de sus responsabilidad pero Ricciuti, que es el decano de los vocales, debería haber predicado con el ejemplo".
A su vez, el legislador arista Osvaldo López detalló que "el dictamen que salió con el voto de todo los miembros de la Sala Acusadora coincide en uno solo de los aspectos de lo que proponíamos a nivel del bloque", y por ello "si fuera la conformidad o disconformidad una cuestión cuantitativa, obviamente que no estamos conforme".
Al respecto, apuntó que "los denunciados eran tres, los investigados eran tres y nosotros analizamos la cuestión desde dos puntos de vista: objetivo y subjetivo", y en ese contexto "si uno hacía un corte de situación al momento actual, los tres denunciados están en la misma situación cobrando un sueldo que excede el tope previsto".
"Desde ese punto de vista los tres son responsables y desde el punto de vista subjetivo, lo que tiene que ver con la génesis de los instrumentos normativos por los que se establecieron los salarios de los miembros del Tribunal de Cuentas, hay diferencias", enfatizó.
No obstante, indicó que "los tres han integrado en diferentes tiempos el órgano y por ende la participación en la elaboración de estos documentos es diferente, Y en eso el vocal Ricciuti ha participado en estas estrategias que han originado las remuneraciones".
En cuanto a Longhitano y Caballero, analizó que "uno podría entender que quien ha ingresado al órgano estando la cuestión salarial definida podría invocar una suerte de buena fe", pero advirtió que "el límite que se diga en el marco de un juicio político que está violando la ley y se le de un plazo para normalizar".
Por último, el parlamentario del oficialismo disidente planteó que "si no lo hacen ya no hay buena fe, entonces hay responsabilidad objetiva y subjetiva y corresponde acusar".
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