El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, no concurrió a la reunión convocada por la comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados de la Nación. El intendente tartagalense debía sumarse al resto de los jefes comunales de distintas provincias en cuyos municipios la Fundación Madres de Plaza de Mayo había llevado adelante la ejecución de viviendas, obras que fueron impuestas y otorgadas por el Gobierno nacional a la hoy cuestionada fundación.

Leavy consideró ayer que ya está perfectamente aclarada la polémica situación sobre el proyecto “Sueños Compartidos” y destacó que “no recibimos ni un peso de la Fundación”. Leavy había sido invitado al Congreso Nacional para exponer si la comuna ubicada en el norte provincial tuvo alguna vinculación con la cuestionada iniciativa.

“A mí me llegó la invitación, pero en mi agenda no estaba previsto un viaje a Buenos Aires. No consideré necesario asistir porque el tema ya está totalmente aclarado”, dijo el jefe comunal a El Tribuno.

“Desconozco la situación de la construcción de un centro de salud y de la compra de terrenos porque el municipio no tuvo ninguna participación con la Fundación”, remarcó.

En el caso de Tartagal fue el entonces apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, quien en febrero de 2009 abonó en Tartagal la mitad del importe correpondientes a 10 hectáreas para construir 300 viviendas del programa “Sueños Compartidos”, pero en el predio sólo llegó a concretarse la construcción de un pequeño hospital de complejidad 3 que se ubica 3 kilómetros al este de Tartagal. Por otra parte, Leavy aseguró que no firmó ningún convenio con la Fundación, ya que tanto la compra del predio como la construcción del pequeño hospital, “se manejó en forma totalmente independiente sin que el municipio de Tartagal tomara ningún tipo de injerencia o participación en el proyecto”, manifestó.

Dos semanas atrás el abogado tartagalense Sergio Heredia formalizó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Orán contra Schoklender, el municipio de Tartagal y el Gobierno de la Provincia, ya que el letrado norteño asegura que, a diferencia de lo que Leavy y el propio gobernador de la Provincia manifiestan, existe un convenio firmado por Schoklender en representación de la Fundación; Guillermo Avellaneda, por el Gobierno provincial, y por el propio Leavy. Esta semana Heredia fue citado a ratificar su denuncia penal y a aportar más elementos para el caso que debe llevar adelante el juez federal Raúl Reynoso.