Una de las mineras que pretende instalar explotaciones en San Rafael ha recibido rechazos por sus reclamos de parte del Gobierno provincial. Se trata de Río de La Plata, que había pedido la suspensión de un canon minero mientras presionaba al Gobierno para que avancen los estudios de impacto ambiental en dos proyectos. El no pago implica la pérdida de la concesión.
La firma cuenta con permisos de cateo -primera etapa de la exploración- en áreas de Las Heras y San Rafael, donde buscará oro, cobre, plata y cuarzo. Después de quedar a cargo de las tierras, Río de la Plata pidió no pagar el canon por la concesión al cumplirse los tres años de gracia, ya que aún no fue habilitada para trabajar en la zona, y el Ejecutivo provincial rechazó la solicitud.
En diciembre habían presentado el reclamo por el área Charlotte, que está ubicada en nuestro departamento, dirigido a la Dirección de Minería, firmado por la abogada Patricia Inzirillo, reconocida representante de mineras que además forma parte del equipo de abogados que pidió la inconstitucionalidad de la ley 7722. Pretendían no pagar el canon porque las autoridades no han resuelto el informe de impacto ambiental, aunque la ley expresa taxativamente que cuando no se paga se cae la concesión. La concesión sanrafaelina es de un área de alrededor de 1.500 hectáreas.
Teniendo en cuenta el monto, que para una minera no representaría una gran erogación, dentro del Ejecutivo hay quienes analizan este reclamo como una forma de presionar para que el expediente ambiental avance y Río de la Plata pueda dar los primeros pasos dentro de las áreas concesionadas.
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