La Comisión, integrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Eduardo De Lázzari, y los abogados con matrícula Abraham Waissman, Ramiro Pérez Duhalde y Luis Doglia, más los legisladores Iván Budassi, Franco Caviglia, Ariel Franetovich y Mauricio D´Alessandro, interpretó que los elementos presentados no eran suficientes para aprobar el jury de enjuiciamiento contra el fiscal Piotti, acusado de encubrir varias denuncias por presuntos abusos de menores en Tandil.

Las presentaciones contaban con un peso político importante, ya que el ahora senador nacional Aníbal Fernández fue uno de los primeros en realizar las acusaciones contra Piotti, al que se sumó el legislador provincial Fernando “Chino” Navarro, quienes en varias ocasiones, recibieron al grupo de padres de niños presuntamente abusados, cuyas denuncias habrían sido desestimadas por el fiscal, y decidieron impulsar el juicio político.

Este viernes, la comisión se reunió durante la tarde y luego de las exposiciones de rigor, los miembros del órgano coincidieron en concluir que no se encuentran elementos que comprueben incumplimientos o irregularidades y concluyeron en la no procedencia del jury, de manera unánime.

Piotti fue apuntado por un grupo denominado, “Familiares de Víctimas de Abuso Sexual Infantil”, que denunciaban que las presentaciones sobre esos delitos, que habían recaído sobre la UFI a cargo del mencionado fiscal, fueron siempre desestimadas, sin ordenarse las pericias correspondientes o bajo la sospecha de la connivencia de Piotti con los presuntos abusadores.

Esos casos, tuvieron como denominador común, que los supuestos abusos fueron detectados por la psicóloga Daniela Lezcano, quien fue una importante partícipe en dos casos reconocidos en los que los abusos que la licenciada habría comprobado, no se establecieron en las pruebas obtenidas por la justicia, que determinaron lo contrario, como ocurrió en los resonantes casos Gonzalo y Ferrari – Salas.

Incentivados por Lezcano, el grupo de familiares comenzó un largo peregrinar por los medios, (incluso capitalinos, en los que periodistas de La Nación, por ejemplo, presentaron a Tandil como la panacea del abuso sexual a menores, mientras el pueblo “dormía la siesta”) y por distintos estamentos gubernamentales, hasta que Aníbal Fernández y el “Chino” Navarro se interiorizaron de la situación y lograron instalar la idea del juicio político.

El procedimiento prosperó, hasta que este viernes, la Comisión Bicameral decidió desestimar el requerimiento, en una sesión en la que se habló de “persecución política” hacia Piotti y en la que incluso alguno de los miembros propuso una denuncia contra la licenciada Lezcano, aunque también se desestimó, al considerar que no era injerencia del organismo.