En el escrito consideran que la resolución pone en evidencia "la intencionalidad de fomentar la participación de un área política del Ministerio de Desarrollo Social en un espacio de educación que nada tiene que ver con las necesidades de formación académica de los educandos en las instituciones educativas de la provincia".

En ese marco, consideran que la disposición subestima la tarea de los docentes, de explicar los procesos electorales y los derechos civiles de los adolescentes.

“Resulta hasta agresivo el hecho de que, desde el Ministerio de Educación, se denote la capacidad de los docentes para poder preparar y capacitar a los adolescentes. Se ponga en juicio su idoneidad y, llegado el caso, se le prive de la capacitación necesaria para aquellos que poseen las condiciones académicas y la antigüedad frente al curso", sostienen.

Consideran, además, que es un riesgo que tras “la finalidad de difundir la importancia y el impacto que implica la ampliación de los derechos políticos para los jóvenes de 16 años, se avance en el adoctrinamiento político de los adolescentes que concurren a las escuelas del Sistema Educativo Provincial y en la difusión de propaganda partidaria, con la finalidad de elevar a la categoría de verdad opiniones sectoriales, hecho que entraña gravedad institucional".

Los legisladores, en la nota, defienden el derecho de los jóvenes, que consideran vulnerado, "a la autonomía de valores, ideas o creencias". Y sostienen que la formación cívica y ciudadana de los alumnos dentro del sistema educativo provincial corresponde a los docentes, quienes tienen la responsabilidad de impartir los conocimientos sobre “los derechos y garantías de las leyes fundamentales que el Estado históricamente establece, y del desarrollo de instancias de participación estudiantil y ciudadana que impliquen a los jóvenes en prácticas democráticas durante su escolaridad obligatoria, garantizando la pluralidad de voces".

Finalmente, consideran que la disposición viola varias leyes nacionales y provinciales, establecidas en la Constitución nacional y la provincial. Entre ellas, mencionan la Convención de los Derechos del Niño, la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el derecho a la libertad y la Ley Nacional de Educación. En las citadas normativas consideran que se vulneran los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia o religión de los niños y jóvenes, y los derechos de los padres de guiar al niño en la educación y en el ejercicio de sus derechos.

La resolución en su artículo 2 dispone que la Dirección Provincial de Políticas Juveniles ingrese a los establecimientos educativos con “la finalidad de difundir la importancia y el impacto que, en el momento histórico que vivimos, implica la ampliación de los derechos políticos para nuestros jóvenes a partir de los 16 años”.

Reforma pendiente

El 31 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que habilita el sufragio a partir de los 16 años. Se pondrá en marcha a partir de las elecciones legislativas de 2013. Los jóvenes de 16 y 17 años aparecerán en el padrón electoral pero no estarán obligados a emitir el voto, será optativo.

Catamarca debería adherir a la ley nacional, porque aún no está contemplado en la legislación provincial el voto para esta franja de la población.

Para ello la provincia deberá modificar la ley electoral.