En un extenso documento, la organización que agrupa a abogados, sindicalistas y dirigentes políticos, además de representantes de otras actividades, se expidió sobre el tema reprochó el objetivo de que el proyecto sea aprobado en forma inconsulta y sostuvo que esa intención ?desconoce la función primordial del Poder Legislativo que es la discusión y el debate?, por lo que instó a senadores y diputados nacionales de nuestra provincia a que en defensa de la Constitución Nacional, oportunamente se pronuncien y voten - como lo dijo el Dr. Lorenzetti - con equilibrio, independencia y honestidad intelectual?.

En ese escenario, recordó al papa Francisco, cuando advirtió que ?administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer? y consideró que, esa administración debe ejercerse, ?como lo manda la Constitución?.

Los miembros del FJI analizaron la constitucionalidad, juridicidad, conveniencia y oportunidad de tres de los proyectos y definieron que no ?democratizan la justicia?.

?El Poder Judicial no necesita ser democratizado porque es uno de los poderes vigentes, conforme la Constitución Nacional y las modificaciones pretendidas por la presidente Cristina Fernández, no buscan lo que manifiesta; muy en contrario, estos proyectos, corresponden a un régimen totalitario?, denunciaron.

Al profundizar esta postura, aseguraron que los proyectos ?limitación las medidas cautelares?. En ese aspecto sostuvieron que ?restringirlas o dejarlas sin efecto contra el Estado, viola el principio de igualdad de las partes en el proceso y acentúa la asimetría entre el Estado y los ciudadanos, por lo que no es razonable ni aceptable que se las limite temporalmente por ley, debiendo quedar reservada su fijación al criterio del juez interviniente o al del tribunal. Negar o restringir las cautelares es negar el acceso real a la Justicia ya que de nada sirve obtener una sentencia favorable sin una medida cautelar que asegure el cumplimiento de la misma?, agregaron

Respecto de la creación de cámaras de casación, plantearon que ?esta sería una instancia más que sólo extendería los procesos, agudizando la mora judicial en temas muy sensibles como accidentes laborales, riesgos de trabajo, accidente de tránsito, deudas previsionales, etc. yendo a contramano de lo que tiene dicho la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, en cuanto a que las sentencias y resoluciones judiciales deben ser dictadas en un plazo razonable. Solo se está propiciando la prolongación artificial de los procesos. Bueno es preguntar a los jubilados, cuántos años más deberán esperar para obtener un pronunciamiento y después, cuantos más para cobrar?, ejemplificaron.

En cuanto a la elección popular de los consejeros del Consejo de la Magistratura, el Foro por una Justicia Independiente declaró que resulta ?inviable constitucionalmente en orden a la representación que establece el Art. 114 de la Constitución Nacional que es de una claridad meridiana. EL Consejo de la Magistratura será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal?, amplió.

?La propuesta de elegir a todos por el voto popular, ligado a partidos políticos es inconstitucional desde todo punto de vista, porque rompe - entre otras cosas - el equilibrio entre los distintos representantes. Esta propuesta de elección popular, politiza a un órgano técnico pretendiendo cooptar la voluntad de jueces?, denunció la organización.

Finalmente, consideró que el Poder Judicial de la Nación y la Constitución Nacional de 1994, son los límites impuestos en un Estado de Derecho, a los otros dos poderes. Los ciudadanos, los habitantes de nuestro suelo y las instituciones, debemos tomar conciencia de la gravedad del momento y reclamar ahora a los representantes del pueblo, que legislen conforme el mandato recibido del pueblo. Democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo?, defendió.

Asimismo, hizo suyo el pronunciamiento de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que con ?estricto análisis técnico-jurídico se ha manifestado en contra de estos proyectos?.