La intervención del organismo generó un pecado original que nunca fue reconocido: el rediseño de la medición de precios para darle más lugar al consumo de los sectores medios y bajos no fue convalidado por sus principales beneficiarios, ya que los gremios jamás dejaron de usar las estimaciones más altas -aunque el Indec las considere impresentables- como insumo de sus negociaciones salariales.

Las estimaciones de las consultoras privadas (un servicio que sus clientes no pagarían si sintieran que les genera un perjuicio) fueron irracionalmente censuradas por el Gobierno. Este acto fue el que reparó el Congreso, pero para la economía con eso no alcanza. Un promedio simple y anónimo (factor que anula el riesgo reputacional y que genera exigencias diferentes a cuando uno se hace responsable de su trabajo) es insuficiente para calibrar expectativas y fijar políticas. Sin tener ninguna fuente que permita conocer y evaluar los factores que hoy mueven el IPC, el drama de la inflación todavía tiene un problema irresuelto.