Rebaten la idea de que la cárcel de Batán genere inseguridad

Rebaten la idea de que la cárcel de Batán genere inseguridad
El titular de Derechos Humanos de la Municipalidad planteó su inquietud ante el debate por el cierre de la cárcel de Batán. Aseguró que nada demuestra que haya relación entre el penal y el delito que se comete en la ciudad.
El director general para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, José Luis Zerillo, refutó ayer el discurso con el cual el ex candidato a concejal del denarvaísmo, Emiliano Giri, está reclamando erradicar a la Unidad Penal de Batán y advirtió que tanto el dirigente como otras figuras públicas que apoyan este planteo están utilizando "argumentos falsos" para "instalar la idea de que la cárcel es el eje de los problemas de seguridad" dentro la ciudad.

"Estamos ante un discurso jocoso pero al mismo tiempo muy preocupante", sostuvo el funcionario, quien aseguró que "no está acreditado mediante ninguna investigación del mundo" que haya algún tipo de relación entre la existencia de un penal con los delitos que puedan ser cometidos en una localidad.

Zerillo le dijo ayer a LA CAPITAL que "detrás de este planteo totalmente inconsistente existe una clara intención de instalar en el imaginario social la idea de que los familiares de los detenidos llegan a Mar del Plata para delinquir".

De hecho, uno de los argumentos de Giri es que la cárcel genera inseguridad y contribuye a la proliferación de asentamientos precarios en Mar del Plata.

Zerillo sostuvo que ninguna de estas creencias está basada en estudios que las respalden y advirtió que al enunciarlas y repetirlas está intentando inculcarle a la comunidad una idea "totalmente falsa".

La mayoría son marplatenses

Según dijo, "lo más peligroso es que con este discurso absurdo" se está tratando de extender la responsabilidad "a los seres queridos, familiares y amigos" de los detenidos estigmatizando a "todo un grupo social".

Tras informar que "la mayoría de los detenidos en la cárcel de varones tienen domicilio en Mar del Playa y sólo una pequeña porción son foráneos", subrayó: "Tampoco es cierto que aquellos que no son de acá permanezcan boyando en la ciudad al cumplir con sus penas" ya que el Patronato de Liberados se ocupa de trasladarlos hasta sus lugares de origen al recuperar su libertad.

El funcionario insistió en que el área de Derechos Humanos "no puede dejar pasar por alto una lógica discursiva que tiene que ser desenmascarada" ya que "contiene planteos preocupantes" como el de sostener que "los padres, hijos o la esposa de quien delinque también cometen delitos". Zerillo destacó que esta es una idea que se transformó en "ridícula hace más de 100 años cuando las teorías lombrosianas fueron descartadas a partir de lo cual ya nadie que quisiera ser tomado en serio se atrevió a decir cosas tales como que el delito tenga una continuidad genética".

El confinamiento

El funcionario remarcó "no tener interés en defender o no la existencia de la cárcel de Batán" pero sí en "rechazar un discurso que quiere establecer responsabilidades extendidas a grupos sociales" o mediante el cual se pretende "regresar a nociones que la sociedad moderna ha abandonado por completo, como es la 'cárcel en el fin del mundo'".

En este sentido Zerillo recordó que entre las décadas del '40 y el '50, el sistema penitenciario internacional "cerró todas las cárceles aisladas" luego de que se comprendieran las múltiples desventajas de la confinación de los detenidos. "De lo que se trata es de mantener la vinculación social de quien cumple con una pena porque lo que sí está demostrado es que así la persona tiene mayores posibilidades de reinsertarse al recuperar su libertad", explicó.

Finalmente el funcionario consideró que a pesar de que amplios sectores de la sociedad "sepan que el planteo de la erradicación de la cárcel como solución no es serio" lo cierto es que "los argumentos que se esgrimen son preocupantes porque intentan convencer a la gente de cosas que no son ciertas" pero que igualmente están siendo avaladas por algunos dirigentes, como el senador Juan Curuchet (FpV) o la presidenta del Concejo Deliberante, Vilma Baragiola (UCR).

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