La discusión sobre la propiedad de los medios comunicación volvió hoy al centro del debate político entre oficialismo y oposición a partir del allanamiento que Gendarmería nacional realizó esta mañana en oficinas del Grupo Clarín, en el barrio porteño de Barracas, a instancias de la decisión del juez mendocino Walter Vento, quien también dispuso el desembarco de un interventor al frente de Cablevisión en esa provincia cuyana.
Desde el mismo espacio político, Gustavo Ferrari consideró que “el avance sobre la libertad de expresión está escribiendo un nuevo capítulo. El control del papel es ahora acompañado por una nueva ofensiva, con argumentaciones que podrían solucionarse sin avasallar derechos, lo que tiene que preocuparnos cada vez más como argentinos”.
En tanto, el Gobierno salió a despegarse de la decisión judicial, a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo. El ratificado funcionario calificó como un “disparate” la versión de que Gendarmería entró en acción por presión oficial. “La fuerza actuó como auxiliar de la Justicia”, dijo.
El dirigente de Chivilcoy recordó que el allanamiento fue por “una orden emanada de la jueza Olga Pura de Arrabal, de Mendoza, que no es nada más ni nada menos que una jueza que falló en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
El dictamen de Vento fue a raíz de una denuncia de la empresa Supercanal (la empresa de cable mendocina de José Luis Manzano y Daniel Vila), la cual reclamó “la necesidad de evitar el ejercicio de la competencia desleal".
Vento nombró como interventor y coadministrador de la compañía al contador Enrique Anzoise. Pero esta mañana, cuando intentó asumir su lugar, en la sede capitalina de Cablevisión, ubicada en la calle Hornos al 600, las autoridades se lo impidieron.
La denuncia, de carácter penal, también apunta contra los directivos del grupo Clarín Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro y es por "conductas anticompetitivas" derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Mastronardi también explicó que al haber quedado trunca la posibilidad de que el coadministrador asuma sus funciones, se elevará un informe detallado al juzgado federal dos de Mendoza, donde el doctor Vento está subrogando a la magistrada Olga Pura de Arrabal, que determinará los pasos a seguir.
Según el fallo judicial, el interventor-coadministrador tiene un plazo de 60 días para ver la documentación contable e intervenir en otros aspectos de la compañía como las áreas de sistemas, publicidad, marketing, entre otras.
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