Tras un cuarto intermedio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa con la evaluación del avance de los trabajos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Entre otros, exponen el Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
También se convocó a las empresas AYSA (agua) y CEAMSE (relleno sanitario) para que informen sobre actos ejecutados y contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca.
Participan de la audiencia también el Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoria General de la Nación quienes deben explayarse sobre las dificultades que pueden haber aparecido al momento de llevar a cabo los controles señalados en la sentencia.
Juan José Mussi brindó datos sobre las tareas realizadas desde ACUMAR para cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, destacando entre otras cosas el alto porcentaje de cumplimiento del plan de saneamiento. Mencionó que de 22.505 establecimientos empadronados, 10.715 son industriales y que “de ellos, 1.410 son agentes contaminantes. Entre estos, 1.169 tienen el Programa de Reconversión Industrial presentado. A 783 les fue aprobado; en análisis hay 206 y 180 industrias debieron ser clausuradas”.
Tras destacar la “adecuación ambiental del polo petroquímico de Dock Sud” habló de la remoción de basurales: “llevamos erradicados un 68,4 % lo que es igual a 184 que ya no existen lo cual representa 135.000 toneladas de residuos domiciliarios menos”.
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