La fiscal especial, Claudia Ríos, se dirigió a las oficinas ubicadas en la Casa de Gobierno donde radica el conflicto y comprobó la existencia de irregularidades económicas.
La funcionaria judicial se dirigió a las oficinas donde radica el conflicto y comprobó la existencia de irregularidades económicas. De esta forma, sumó pruebas fundamentales para la investigación que lleva adelante.
La fiscal de Delitos Complejos estuvo acompañad por personal de Investigaciones y de Policía Científica.
El escándalo se desató la semana pasada, cuando recayó una serie de denuncias anónimas que aseguran que los empleados a cargo de otorgar las matriculaciones para profesionales y no profesionales del sector cobraban dinero extra para agilizar o, simplemente, llevar adelante los trámites correspondientes.
La emisión de facturas irregulares y los montos que escapan al canon normal son los principales ejes a investigar, siguiendo el eje de las acusaciones.
Comentá la nota