La medida de ayer constituyó el segundo paso rumbo a la fijación de fecha del juicio de los dos acusados de "homicidio culposo", Hugo Alberto "Tyson" Alfonso y Jorge Antonio Lezcano, el organizador de la competencia de aguas abiertas y el responsable de la Prefectura en autorizar la prueba con las adversas condiciones que contribuyeron a que nadadores, palistas y un guardavidas perdieran la vida succionados por las barcazas cerealeras ancladas en la costa paraguaya, frente a Encarnación.

Rodrigo Bacigalupi, querellante particular, presentó un escrito, tras la pericia en el río, solicitando al Tribunal la determinación de una fecha de inicio del debate.

Sobre este punto, se baraja para la segunda quincena de noviembre, tal vez el lunes 20, la primera jornada de juicio.

Según El Territorio, de cumplirse los cinco años, se agotaría el plazo de la pena por "homicidio culposo", por lo que prescribiría la causa, y quedaría a la interpretación de posteriores recursos reabrir los términos, es decir, la dilación podría ser mayor, dejando a ocho familias sin respuestas de la Justicia por un tiempo de difícil estimación.

Juan Carlos Maggi, abogado del prefecturiano Lezcano, Hugo Alfonso y Eduardo Mouesca, su patrocinante, estuvieron en la recorrida al río que se realizó pasadas las 10 de la mañana, pero no pudieron mantener contacto con este medio, ni con ningún otro, porque llamativamente la guardia de la Prefectura vedó la entrada al amplio predio de más de tres hectáreas que posee la fuerza sobre la costa del Paraná y la avenida San Martín.

Hasta hoy, ambos letrados tenían tiempo para presentar o ampliar el material probatorio al expediente, como también entregar una lista de testigos, que pueden sumarse a los 40 aproximadamente, con que cuenta la causa y que serían llamados a testimoniar ante el Tribunal, conformado por Lampugnani, Mario Hachiro Doi y la camarista correntina como subrogante, Lucrecia Rojas de Badaró.

Vale recordar, que entre los recursos planteados por Maggi, que prolongaron tanto la instrucción del expediente, la elevación a juicio como la conformación del Tribunal, las recusaciones insistentes a los jueces dejaron marcadas sospechas de pugnar por llegar a la prescripción de parte del defensor del miembro de la Prefectura (Lezcano).

El 22 de agosto de 2012, el juez Federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, procesó a Alfonso y Lezcano por "homicidio culposo". De acuerdo a lo que dispuso, la tragedia pudo haberse evitado: “Para ello quien organizaba y dirigía la competencia (Alfonso) debía tener conocimiento de los riesgos que implicaba el cruce a nado del Paraná y la prudencia necesaria para recorrer, reconocer y evaluar los obstáculos (barcazas) que podrían existir en la zona (…) Y ante la duda o la imposibilidad de hacerlo, suspender la prueba para preservar la vida”, resaltó en el auto de procesamiento. También remarcó que la Prefectura no podía “transferir a la Armada Paraguaya la responsabilidad en el río de la seguridad de la navegación de las embarcaciones (piraguas) y nadadores, participantes en una prueba netamente planificada, organizada y ejecutada desde Posadas”.

Para Chávez, Lezcano debió “ejercer su facultad de prohibir la realización de la prueba y si su cargo o grado no le alcanzaban, solicitar tal medida a sus superiores”. Por esta razón, determinó que la conducta del prefecto encaja en el tipo penal del artículo 84 (CP) de “homicidio culposo” múltiple.

Con estas consideraciones, dictó el procesamiento de Alfonso (34) y Jorge Antonio Lezcano (42) como autores responsables del homicidio culposo de Luis Saide (53), Fernando Sole Mases (12), Víctor Darío Sessa (36), Sebastián Enrique Ruzecki (19), Ricardo Nicolás Levequi (14), Eugenio Raúl Seró (58), Mauro Bacigalupi (28) y Manuel Leiva (52).