Durante la audiencia de formalización realizada en la Ciudad Judicial a tres de los detenidos por el homicidio de Claudio Méndez, el fiscal Mauricio Piombi pidió que se realicen pericias a dos objetos hallados en la escena del crimen. La vaina 9 mm de la bala que terminó con la vida de Méndez y un botón metálico. También se ordenó la apertura de los teléfonos de la víctima y su esposa para determinar si hubo llamados o mensajes con alguno de los detenidos.

La jueza de Control, Florencia Maza ordenó que se les extraiga sangre a Sebastián Roseo (19), José Velázquez (20) y Gastón Rodríguez (29), quienes quedaron imputados del delito de homicidio en ocasión de robo y tienen una la prisión preventiva por 30 días, como adelantó ayer El Diario. El otro detenido en la causa es Brian Santiago Ponce (19), que ya declaró ante el fiscal y que será formalizado en las próximas horas

El fiscal les imputa el delito de homicidio en ocasión de robo. Dijo que “el día 15 de marzo, a las 5:30 horas aproximadamente, ingresaron al domicilio de Méndez para apoderarse de unas plantas de marihuana que había en el fondo del patio y al ser sorprendidos por el propietario le dieron muerte con un disparo de arma de fuego”.

Piombi pidió que a los tres imputados se les dicte 30 días de prisión preventiva con el argumento de que si quedan en libertad pueden obstaculizar la investigación.

Los abogados defensores rechazaron ese argumento, pero la jueza Maza estuvo de acuerdo y les dictó la preventiva hasta el 18 de abril.

Acusaciones

El fiscal dijo que “estamos ante una investigación compleja”. “Todos los presentes quisieron ingresar en más de una oportunidad al domicilio de Méndez a robar las plantas. Esto se encuentra probado no solo porque lo confesaron sino por el testimonio de vecinos. Algunos se quieren desvincular, dicen que fueron con anterioridad y que no serían los autores del hecho. Tenemos algunos elementos que conforman las sospechas ciertas y fehacientes que estuvieron ese día”, aseguró.

Sobre Roseo, el fiscal dijo que “confesó que quiso ingresar a ese domicilio a apropiarse de esas plantas en los días previos y que no tiene relación con el hecho. Ha dado su versión y la Fiscalía se encuentra abocada a determinar si son ciertos sus dichos”.

En cuanto a Rodríguez, comentó que “se encuentra probado por los testigos y medios técnicos, como un mensaje de texto, que tenía la intención de robar las plantas”. Además, dijo que “el dermotest ha dado positivo con rastros de pólvora en la mano derecha”.

Y sobre Velázquez deslizó que “podría haber participado en el hecho, ha hecho un descargo y debemos verificar si (los hechos) son ciertos”.

Piombi dejó en claro en la audiencia la hipótesis de su línea de investigación. “Se trata de una investigación compleja. Los elementos de primera mano son los dichos de la esposa de Méndez, quien dijo que su marido antes de fallecer le dijo que fueron tres los que quisieron robar las plantas”, aseguró. “Sospecho que no son tres sino que son más los que participaron. Si van a robar diez plantas, hay tres personas que ingresan y las tienen que llevar a otro lugar. Alguien en un vehículo estaba haciendo el apoyo para trasladar las plantas”, dijo.

El fiscal pidió 30 días de preventiva porque si quedan libres pueden obstaculizar la investigación y se pueden fugar. Dijo que los detenidos no tienen domicilio estable, no tienen trabajo estable y “tuvimos que realizar varios allanamientos para detenerlos”. “Debemos dar con el arma y las personas que ocultan esa arma”, comentó, además de mencionar que faltan recolectar otras pruebas.

Defensores

La defensora oficial Paula Arrigone dijo que el fiscal, para pedir la prisión preventiva, no acreditó el riesgo de fuga o peligro de obstaculizar la investigación por parte de su defendido, Roseo.

“El peligro de fuga es una especulación de la Fiscalía. En concreto, mi defendido no tiene antecedentes penales computables, no se ha acreditado la manera en que pueda fugarse. Fue detenido en su domicilio y tiene trabajo”, aseguró.

En cuanto al peligro de obstaculización, Arrigone recordó que el fiscal conoce que “Roseo ha prestado colaboración en la investigación, ha dado nombres, ha dado circunstancias, ha colaborado desde el primer momento a pesar del riesgo que significa esto. Ha dado su versión de dónde estaba al momento del hecho”.

“El señor Roseo no va a obstaculizar el proceso estando en libertad. Se le podría imponer alguna de las medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país, que se presente en la Fiscalía las veces que sea necesario y no tener contacto con la esposa de la víctima”.

Arrigone pidió la libertad de Roseo.

A su turno, Cristina Albornoz, defensora de Velázquez, dijo que no existe prueba alguna contra su defendido. “La imputación surge de la declaración indagatoria de uno de los imputados, la prueba de dermotest dio negativa. No fueron necesarios innumerables allanamientos para detenerlo”, afirmó.

Sobre el peligro de fuga dijo que “no se da porque tiene domicilio, tiene trabajo en esta ciudad, trabaja en el EMHSU, y ayuda a la manutención de su hija”.

Por último, Carlos Pérez Funes adhirió a los conceptos de las defensoras oficiales y agregó que contra Rodríguez “no existen elementos de convicción suficientes para determinar en este momento la prisión preventiva. Lo ampara el principio de inocencia, propongo una medida alternativa y se ordene la libertad”.

Jueza

La jueza de control Florencia Maza hizo lugar al pedido del fiscal Piombi y dictó la prisión preventiva de 30 días para los tres detenidos. “Comparto lo manifestado por la Fiscalía, es una investigación compleja. Hemos realizado más de 17 allanamientos, habiéndose secuestrado elementos de prueba, restando encontrar el arma con la que se dio muerte a Méndez”, dijo.

Comentó que faltan realizar pericias como la extracción de sangre de los imputados para realizar cotejos de ADN. “Se ha pedido la apertura de celulares de la víctima y su esposa para determinar si existe algún mensaje o llamado que pueda vincular a estas u otras personas”, indicó. Además, mencionó que faltan recolectar pruebas y tomar declaraciones a vecinos de la víctima.

Maza dijo que los detenidos viven en barrios cercanos al de la víctima y conocen los domicilios de los testigos que han prestado declaración.

“Hay un montón de circunstancias que deben ser evaluadas. Debo aunar y extremar los recaudos para que la prueba se pueda recolectar”, afirmó.

Maza argumentó que los acusados pueden entorpecer la investigación hablando o colaborando para que no se encuentre el arma. Mencionó que pueden ejercer presión a vecinos o a la esposa de la víctima.

Pueden suprimir elementos de prueba, influir sobre testigos. Son todas circunstancias que debo resguardar.

Además, dijo que existe la posibilidad de que reciban una pena grave. “Es un hecho grave, tiene una pena de diez años como mínimo. Ya el mínimo es de absoluta gravedad por más que no tengan antecedentes”, aseguró.