El incremento autorizado en julio pasado implicó un aumento promedio del 57% a partir del mes de septiembre y otro del 40,5% a partir de enero de este año. La aplicación del segundo tramo del rebalanceo se habría dispuesto violentando la ley de emergencia del servicio de producción y suministro de agua potable.
El titular del ente, Emilio Díaz Ramos, defendió la determinación adoptada argumentando que la aplicación del aumento fue convalidada por un dictamen del área legal de la Dirección, en el que también habría tenido intervención la Secretaría Legal y Técnico de Gobierno.
A pesar de ello, este último aumento del 40,5% –que se suma al del 57% que rige desde agosto– se implementó durante la vigencia de la prórroga por 30 días de la ley emergencia que dispuso por decreto el Poder Ejecutivo, y de la sancionada por 365 días más por la Legislatura el pasado 21 de diciembre.
Historia del aumento y la emergencia
La decisión política de mantener sin modificación la tarifa del servicio de agua durante 4 años se tornó insostenible para el estado el año pasado, por lo que durante el mes de julio se autorizó a la DPOSS un incremento tarifario en dos etapas; un 57% promedio “para los períodos de facturación agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011” y un 40.5% promedio “a partir del período diciembre de 2011”, según reza el decreto 1653/11, del 13 de julio del año pasado.
El argumento para convalidar el aumento –que como lo marca la ley 681 fue sometido a audiencia pública no vinculante– fue que ante “el cambio de costos de operación y mantenimiento registrados en los últimos años (…) resulta necesario prever el ingreso de fondos suficientes para abastecer el crecimiento que se ha generado en la demanda de la Provincia”.
El aumento se hizo efectivo durante la facturación de agosto, por lo que a partir de ese mes a los consumos comerciales se aplicó una suba del 58% y a los residenciales del 55,7%.
Casi de manera simultánea a la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, Ushuaia comenzó a atravesar una de la peores crisis de abastecimiento de agua que se tradujo en la falta de suministro permanente a amplios sectores de la ciudad durante casi 40 días, por la falta de concreción de obras para mejorar los procesos de captación, potabilización y distribución de agua.
Ante esta situación, la Legislatura aprobó a fines de agosto, por 60 días prorrogable por otros 30, la ley de emergencia del servicio de producción y suministro de agua potable para Ushuaia, que habilitó el procedimiento de contratación directa de dos obras valuados en 1,3 millones de pesos que se planteaban como prioritarias para empezar a resolver las deficiencias en la prestación del servicio. Pero además dejó “sin efecto, por el plazo de la Emergencia, la aplicación del cuadro tarifario vigente por Decreto Provincial 1653/11”.
La ley fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 30 de agosto, por lo que tuvo vigencia hasta el 30 de octubre. En función de ello, la DPOSS dejó de aplicar en las facturas septiembre y octubre el aumento aplicado en la facturación de agosto.
Vencido el 30 de octubre el plazo de la emergencia, en la facturación emitida durante el mes de noviembre la DPOSS aplicó el primer tramo de aumento y en la de diciembre el 40,5% correspondiente al segundo tramo del incremento tarifario.
El 6 de diciembre el Poder Ejecutivo firmó el decreto 2842 –que fue publicado el 19 de ese mes– mediante el que prorrogó “la Emergencia del servicio de producción y suministro de agua potable en la ciudad de Ushuaia declarada por la Ley Provincial 850 por 30 días”.
En el considerando de la norma se precisaba que “persisten en la actualidad las razones que oportunamente conllevarán al dictado de la aludida Ley, afectando tales circunstancias a esta comunidad de la región provincial” y que “ante ello se requiere la implementación de acciones que permitan garantizar el suministro de agua potable en la localidad” por lo que por “razones expuestas resulta procedente el dictado del presente acto a fin de prorrogar por
30 días el término de la emergencia oportunamente declarada en todo el ámbito de la ciudad de Ushuaia, ello de acuerdo a lo normado por la referida Ley”, que preveía dejar “sin efecto, por el plazo de la Emergencia, la aplicación del cuadro tarifario vigente por Decreto Provincial 1653/11”.
Es decir, a partir de la vigencia del decreto de prórroga y hasta el 19 de enero de 2012 retomó plena vigencia la suspensión del nuevo cuadro tarifario, a pesar de lo cual la facturación emitida en enero de este año mantiene el aumento que por continuidad por decreto de la ley de emergencia debería haberse dejado sin efecto.
Pero además, el 21 de diciembre pasado la Legislatura aprobó una nueva ley –todavía no promulgada por el Ejecutivo– que por un lado autorizó la contratación directa de nuevas obras de infraestructura hídrica para mejorar el servicio que presta la DPOSS, y por el otro prorrogó “la Emergencia del Servicio de Producción y Suministro de Agua Potable en la ciudad de Ushuaia establecida mediante la Ley provincial 850, hasta la culminación de las obras autorizadas, y con un plazo de 365 días, término que no podrá excederse”.
Es decir, se resolvió dar continuidad a la ley de emergencia y con ello a la no aplicación del nuevo cuadro tarifario.
A entender de la DPOSS esto no sería así, por cuanto se ha interpretado que tanto la prórroga de la ley de emergencia –primero por decreto y luego por ley– “refiere únicamente a las obras”, según precisó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia el presidente del ente.
El problema del “congelamiento”
Sabido es que en los últimos años, cuando llega el invierno y las bajas temperaturas producen el congelamiento de los arroyos que abastecen de agua cruda a las plantas de tratamiento, Ushuaia enfrenta severas restricciones en la provisión de agua potable.
A decir del presidente de la DPOSS es también el “congelamiento” de la tarifa lo que hace que el ente no esté en condiciones de brindar un mejor servicio a la población.
“La tarifa que estamos actualizando, que suena muy interesante en el porcentaje, es porque durante 4 años no se había actualizado la tarifa y los insumos nuestros aumentan cada 2 o 3 meses”, precisó Díaz Ramos, quien además reconoció que en breve comenzarán a analizar el reajuste tarifario que debería aplicarse en 2012 para afrontar la suba de insumos que se prevé para este año.
El funcionario indicó que el agua es en comparación con luz y gas “el servicio más barato”, producto de que esos otros servicios “aumentan sus tarifas casi de manera continua, lo que marca incrementos parciales menos significativos. Pero nosotros lo tuvimos que hacer después de 4 años”.
Esta historia, la de largos períodos de congelamiento tarifario seguidos por un “deshielo” de alto impacto en los bolsillos de los usuarios, no es nueva. Cuando en 2007, luego de 2 años de tarifa congeladas, la gestión Cóccaro autorizó el cuadro de tarifas que rigió hasta mediados del año pasado, el aumento había sido del 100% para compensar el “cambio en los costos de operación y mantenimiento registrados” desde 2005.
Las claves del aumento
*El 13 de junio de 2011 el Ejecutivo autorizó por decreto 1653 un nuevo cuadro tarifario para la DPOSS en dos tramos. El primero, de un 57% en promedio, a aplicar en la facturación de agosto, septiembre, octubre y noviembre. El segundo, de un 40,5% promedio, en la facturación de diciembre.
*El 25 de agosto se aprueba la ley 850 de emergencia que deja sin efecto el aumento por 60 días. La ley se publica el 30 de agosto y rige hasta el 30 de octubre, por lo que la suba no rige para las facturaciones emitidas entre septiembre y octubre.
En la facturación de noviembre, con fecha de pago al mes siguiente, la DPOSS vuelve a aplicar el incremento del 57%.
*El 6 de diciembre, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 2482 que prorrogó por 30 días la emergencia. La norma fue publicada el 19 de diciembre, por lo que hasta el 19 de enero volvió a regir la suspensión del nuevo cuadro tarifario.
En la facturación emitida por la DPOSS en diciembre y enero, con vencimiento en enero y febrero respectivamente, se aplica el segundo tramo de aumento del 40,5%.
*El 21 de diciembre la Legislatura prorroga por 365 días la vigencia de la emergencia establecida en la ley 850. La norma aún no fue promulgada ni publicada por el Ejecutivo.
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