El municipio de Rawson ya destinó cerca de 240 mil pesos a la cancelación de una deuda total de 14 millones que tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El pasivo se generó durante la gestión del exintendente Mauricio Ibarra, lo que fue motivo de una causa penal por la sospecha de que no pagó los aportes jubilatorios correspondiente a unos 700 becarios que trabajaban en la comuna (ver recuadro). El actual jefe departamental, Juan Carlos Gioja, aseguró que “fue una de las tantas desprolijidades con las que nos encontramos”, en clara alusión a su adversario político más importante en el departamento. 

El estado contable del municipio fue uno de los tantos ejes del enfrentamiento que han mantenido Gioja e Ibarra. Este último llegó al poder de Rawson de la mano del justicialismo, pero se alejó por diferencias con la conducción partidaria y luego se alió con el basualdismo, con el que consiguió una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde entonces, tanto él como los ediles que le responden mantienen una dura postura frente la administración del hermano del gobernador José Luis Gioja.

Debido a la deuda generada, el intendente y el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, realizaron gestiones ante la AFIP y consiguieron un plan de pago excepcional. El mismo consiste en 120 cuotas en un lapso de 10 años, de cerca de 120 mil pesos cada una, que se están descontando mensualmente del aporte de coparticipación que ingresa la comuna. Bajo ese concepto, el municipio recibe alrededor de 7,5 millones de pesos por mes de la provincia. El régimen especial comenzó a regir en mayo, por lo que ya se pagó la cuota de ese mes y la de junio, mientras que la de julio se abonará durante el transcurso de la tercera o cuarta semana, explicó Cristian Agudo, secretario de Hacienda comunal. “Fue el mejor acuerdo”, explicó Gioja, ya que “si no lo hubiéramos alcanzado, la AFIP podría haber ejecutado el total y ahí sí hubieran estado complicadas las finanzas del municipio”.

La causa Penal surgió en 2009, tras la denuncia que realizó Pascual Manchineles, el ex secretario general de SUOEM (el gremio de los municipales), luego de una serie de protestas que llevaron a cabo en las puertas del municipio por cuestiones salariales. Así, la AFIP, a través de la Auditoría Previsional Tributaria, estableció que la deuda era de poco más de 7 millones de pesos. A eso se le sumaron los intereses financieros, por lo que el pasivo alcanzó los 14 millones, según informaron desde la comuna.