Lo actuado hasta ahora por el fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, en la investigación por la muerte del oficial principal de Drogas Peligrosas Juan Antonio Alós, fue ratificado ayer por el juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos.

Drazile había sido recusado en los primeros días de este mes por la viuda de Alós, Roxana del Carmen Luna, quien, con el patrocinio del abogado Carlos Nayi, había acusado al fiscal de actuar de manera “irregular” en la causa.

Alós apareció muerto, de un balazo en la cabeza, en la madrugada del sábado 7 de septiembre, cuando era investigado junto a un grupo de efectivos de Drogas Peligrosas por una serie de supuestas irregularidades. Días después, cinco de sus colegas quedaron detenidos.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de un suicidio, el fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, quien lleva la causa contra los uniformados, reclamó investigar su muerte, al entender que podría estar relacionada con su investigación. Ante esto, se originó una disputa de competencias hasta ahora irresuelta.

Al recusar a Drazile, la viuda le reprochó, entre otros puntos, que ante los medios de prensa el fiscal había asegurado, horas después de la muerte de Alós, que se trataba de un suicidio. Para la mujer, esto evidenciaba, supuestamente, “falta de imparcialidad u objetividad”, por lo que solicitaron que se lo inhibiera de continuar investigando el caso. La causa está caratulada como “muerte de etiología dudosa”.

Fundamentos

En la resolución que se conoció ayer, el juez de Control indicó: “No puede dejar de advertirse que la parte (la viuda de Alós) ha sido admitida en el proceso en calidad de querellante al inicio de la investigación, y a pesar del criterio expresado por el fiscal (en los medios) de no existir elementos que hagan presumir delito, y por lo tanto sin que sumariamente se acredite su condición de ofendida penal. Tales alternativas alejan la posibilidad de entenderse como existente, objetivamente hablando, de animosidad contraria por parte del instructor hacia la parte, demostrándose una vocación del mismo por receptar las inquietudes de quien se considera en la condición de damnificado penal del evento”.

En cuanto a las declaraciones realizadas por Drazile a la prensa, Granda Ávalos advirtió que el fiscal siempre utilizó verbos potenciales al advertir que se “trataría de un suicidio”. Y agregó que se cumplieron, hasta ahora, “numerosas medidas probatorias que se encuentran cumplidas y sin objeción de la parte (autopsia, pericial grafocrítica, testimoniales, análisis de comunicaciones, desgrabación de archivos informáticos, informes fotográficos, de huellas y rastros, planimetría, etcétera), sino que se han ordenado otras de gran importancia y capacidad explicativa de lo ocurrido (informe de reconstrucción virtual, autopsia psicológica, etcétera), actividades estas que concuerdan con pedidos de la parte y que se realizarán con su participación”.

En ese sentido, remarcó que la investigación contó desde el inicio con la participación de la Policía Judicial, con sus distintos gabinetes, más los equipos técnicos del Poder Judicial de Córdoba, “funcionarios públicos integrantes de instituciones cuya capacidad y probidad no tienen cuestionamiento”.

Granda Ávalos sólo se expidió sobre la permanencia de Drazile a cargo de esta causa, pero no sobre la investigación de la muerte de Alós.

En otra resolución anterior, también sobre este caso, el juez había afirmado que la causa debía continuar bajo la órbita de la Justicia provincial.