El juez federal Alejandro Sánchez Freytes "autorizó el cotejo", dijo el fiscal.

"La Defensoría Oficial ha apelado, pero se va a seguir adelante, porque el recurso de apelación fue concedido con efecto devolutivo (no suspensivo)", explicó a la prensa el funcionario judicial.

Como la tramitación del recurso de apelación planteado por la defensora Oficial Marcedes Crespi no fue concedida con efectos suspensivos, "se hará el examen de ADN", dijo el fiscal, quien informó que ayer se reunió con Susana Trimarco, la madre de Marita, "y está dispuesta a prestarse para las extracciones" genéticas.

La realización de la prueba de ADN es fundamental, porque "lo principal es establecer la identidad del chico, si se encuentra sustituido en su identidad y si fue apropiado ilegalmente o no", dijo el fiscal.

Para la defensora Crespi, la prueba ordenada por el juez Sánchez Freytes es "prematura e infundada", ya que, en su opinión, hasta el momento no hay pruebas firmes sobre la presunta vinculación del niño con Marita.

"No se puede dudar así nomás de la identidad de un niño con nada, porque eso es lo que hay en el expediente. Eso le hace daño a un niño", dijo Crespi y aclaró que no se opone a buscar si existe un vínculo con Marita, "pero antes hay que hacer una investigación previa".

El origen de la causa es la denuncia formalizada por Trimarco al titular de la Fiscalía Federal Nº 2, Vidal Lascano, que, por su parte, realizó el pedido de la pericia genética a Sánchez Freytes.

Trimarco denunció que, "en un pueblo cercano a la frontera con La Rioja, había una señora vinculada a la causa" de su hija, "con seis menores a su cuidado y que uno de los cuales podría ser el hijo de Marita".

Según Trimarco, los chicos "habrían estado sometidos a todo tipo de abusos y maltratos por parte de esa mujer", y tendrían "papeles falsos y documentación apócrifa, causa que también está en manos de la Justica Federal".

Trimarco enfatizó que llegará "hasta las últimas consecuencias" para "saber quiénes son las madres" de estos chicos y para que se determine "toda la verdad".

La sospecha surgió a partir de la intervención de los servicios sociales del municipio de Alta Gracia en una casa donde vivía una mujer alcohólica y adicta a las drogas con cuatro chicos, en condiciones de mucha precariedad.