Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, doctores César Álvarez, Martín Bava y Jorge Ferro, confirmaron este jueves por unanimidad una resolución del TOF N° 3, que rechazaba un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Roberto Alejandro Justel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel y Oscar Héctor Corres; quienes habían planteado la “prescripción de la acción penal” en el marco de una causa que investiga los delitos que habrían cometido integrantes de la agrupación de ultraderecha CNU durante la década del '70.

De esta manera, ratificaron la decisión del Juez Federal, quien había considerado que “los hechos investigados y que se atribuyen a integrantes de la Concentración Nacional Universitaria constituyen delitos contra la humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles”.

Puntualmente, los abogados defensores habían planteado que “falta indicación de las conductas” de sus representados “como autores de secuestros, homicidios, etcétera, o como personas que hayan presentado una cooperación necesaria en esos delitos”. También habían expresado que “no se encuentran reunidos los supuestos que exige la figura del delito de lesa humanidad, más precisamente que los crímenes sean el resultado de una acción, plan o política concertada y la reiteración de hechos a cierta escala y generalidad”.

Sin embargo, para el Tribunal -según indica la resolución a la que 0223.com.ar tuvo acceso en forma exclusiva-, dejó en claro que “la exposición de las defensas no llega a conmover los argumentos brindados por el Magistrado”.

“El interrogante relativo a si los hechos investigados en la causa principal constituyen crímenes contra la humanidad, ya ha sido contestado afirmativamente por los Jueces de esta Sala y, por lo tanto, se trataría de un asunto ya precluído, de imposible reexamen, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 'Mattei', según la cual no corresponde retrotraer el curso del proceso a etapas ya superadas si no existen vicios de forma esenciales del juicio”, argumentaron.

A su vez, subrayaron que los crímenes de los que se acusa a la CNU son de lesa humanidad “en virtud de una serie de argumentos que se han ido volcando en diversas causas por parte de distintos tribunales inferiores y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios precedentes”.

En otro párrafo de la resolución, los Jueces señalaron que “los delitos por los cuales el Fiscal Federal ha requerido instrucción habrían sido una multiplicidad de asesinatos ocurridos en los años 1975y 1976 y cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria contra militantes peronistas de izquierda, delitos que se llevaron a cabo a través de recursos estatales y de acuerdo con la política que descendía de los escalones más altos del gobierno nacional”.

“La CNU era una agrupación de ultraderecha que actuaba en la ciudad de Mar del Plata (y también en La Plata), integrada por algunos funcionarios estatales de la Universidad de Mar del Plata, de la Fiscalía Federal de dicha ciudad y de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. Sus integrantes más sobresalientes fueron Piero Asaro, sindicado por el Fiscal Federal como ideólogo de la CNU, junto a Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzo, Eduardo Cincotta, José Luis Granel y Roberto Coronel, quienes decidían el accionar de los miembros “operativos” de esa agrupación, Eduardo Ullúa, Oscar Corres, Juan Carlos González, Roberto Justel, entre otros”, añadieron.

En tanto, señalaron que “el elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a la Triple A, una organización terrorista creada por el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega”.

“En definitiva, ha quedado claro que existen razones, generadas por la prueba reunida en esta causa, para pensar que los integrantes de la CNU tuvieron intervención en la multiplicidad de delitos denunciados, los cuales fueron cometidos por ellos de manera planificada a través de la utilización de recursos materiales y humanos del Estado, y de acuerdo con una política aletada o tolerada por el aparato estatal, de persecución a militantes del peronismo de izquierda y su eliminación”, enfatizaron.

Por último declararon “improcedente” el pedido elevado por la defensa de “suspender todo proceso judicial hasta tanto haya sentencia firme sobe la procedibilidad y vigencia de la acción penal”.