El Departamento Ejecutivo evalúa junto al bloque de concejales oficialista el contenido de la nueva regulación para la actividad publicitaria en la vía pública, cuyo tratamiento se encuentra en un impasse en el Concejo Deliberante luego de que en la sesión del pasado jueves 4 se resolviera pasar a un cuarto intermedio, suspendiendo la votación del proyecto.

El análisis de la iniciativa, que contiene una serie de disposiciones mucho más restrictivas que las actuales para la instalación y exhibición de publicidad, se lleva adelante en el marco de "un fuerte lobby" encarado por las empresas dedicadas a la comercialización de la publicidad callejera, reconocieron en el municipio.

Pero al mismo tiempo fuentes del Ejecutivo le aseguraron ayer a LA CAPITAL que a pesar de que se esté trabajando en la "definición de algunos detalles" de la iniciativa, su contenido "no será modificado" más allá de que se "haya tomado nota" de una serie de observaciones formuladas por "empresas locales que ven afectado su interés".

Para el gobierno local, la mayoría de los planteos formulados por las agencias apuntan a "conservar la situación actual" y evitar la implementación de un conjunto de disposiciones que si bien desde el municipio se reconocen como restrictivas, resultan "necesarias para proteger el patrimonio paisajístico y arquitectónico de la ciudad" poniéndole freno a la polución visual y a la proliferación de cartelería que crece en tamaño y cantidad.

El proyecto, denominado código de publicidad, está inspirado en regulaciones similares ya implementadas en otras localidades del mundo, como San Pablo, o de la Argentina, como es el caso de Rosario.

Además, cuenta como antecedente con una iniciativa que había sido promovida años atrás por el ex intendente Elio Aprile y que fue frenada en la comisión de Obras del Concejo Deliberante sin que pudiera ser instrumentada.

La gestión de Gustavo Pulti pretende que su proyecto no corra la misma suerte y por eso viene tomándose sus tiempos para lograr los acuerdos que garanticen su aprobación definitiva.

Justamente el jueves 4 la sesión del Concejo ingresó a un cuarto intermedio debido a que el oficialismo percibió que la aprobación del código podía verse afectada por las dudas que crearon en algunos concejales las quejas de las empresas dedicadas al negocio publicitario.

Ayer desde el gobierno local se encargaron de aclarar que no existen argumentos que, a esta altura, hagan que el gobierno dé marcha atrás con su "decisión política" de implementar una regulación para una actividad que "hasta ahora se rigió con una reglamentación espontánea" que -a juicio de la actual gestión- derivó en perjuicios para el "patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico" de la ciudad.

Principales disposiciones

Entre las disposiciones propuestas se obliga a que los terrenos baldíos así como las obras en construcción dispongan de los cerramientos obligatorios y no sean sustituidos -como sucede ahora- por cartelería publicitaria. En todo caso, los anuncios deberían ser fijados sobre el cerramiento obligatorio cuyas características están especificadas en el Reglamento General de Construcciones. Además se establece que la publicidad política o electoral quedará sujeta a las mismas disposiciones que la publicidad comercial.

El texto también plantea que no se permitirá la publicidad por medio de pasacalles y que no se admitirá que anuncios en forma de carteles sean llevados o colocados sobre personas y se prohibe todo tipo de promociones en la vía pública que obstruyan la circulación del tránsito.

Además el proyecto ratifica la vigencia de un decreto firmado meses atrás por el intendente Gustavo Pulti por el cual ya se prohibió la colocación de anuncios que obstaculicen la vista al mar desde el nivel del suelo.

Incluso, además de la costa, existen otras zonas "vedadas" para la actividad, como rotondas, parques, plazas y paseos. Otro de los artículos con los que se busca limitar los excesos de la actividad publicitaria en la vía pública es el que, por ejemplo, establece distancias mínimas entre los carteles y obliga a reducir el tamaño de los anuncios para evitar que sigan proliferando avisos monumentales en las medianeras o terrazas de edificios.

Incluso, como parte de las disposiciones, se pretende que las publicidades de productos queden exclusivamente referidos a las marcas o productos que se comercialicen en cada inmueble, prohibiendo su instalación cuando no estén vinculados a la actividad o uso desarrollado en el domicilio en cuestión.

También se dispone que los anuncios de tipo frontal no ocupen más del 40% de una fachada y que la cartelería no desdibuje los lineamientos arquitectónicos de las construcciones.

Marquesinas

La nueva regulación publicitaria contiene entre sus artículos una explícita prohibición a la instalación de marquesinas, lo que obligará a que todos los comercios que las posean las retiren. No obstante el proyecto de ordenanza otorga un plazo de 12 meses para hacerlo. Aún así, en el gobierno municipal están siendo analizadas algunas variantes para la puesta en vigencia de esta disposición, evaluando conceder distintos plazos de acuerdo a la ubicación de los locales. Este es por ejemplo, uno de los pocos puntos de la iniciativa a considerar ya que -según aseguraron fuentes del Ejecutivo- en relación a la actividad de las agencias ya no existirían nuevas modificaciones.

Razones de seguridad

Además de razones ambientales y estéticas, el Ejecutivo alega otros motivos para sostener su proyecto de regular y restringir la actividad publicitaria en la vía pública, entre los cuales, figuran la seguridad. "La polución que deviene de un incremento desmesurado y sin regulación de las posiciones publicitarias no le conviene a nadie: genera distracciones e inseguridad en el tránsito, distorsiona el paisaje urbano y desnaturaliza a la propia publicidad en una carrera sin límites por tomar cada día mas posiciones, a costa de una estética más genuina y apacible", se indica entre los argumentos que avalan el proyecto. Incluso, se hace referencia a otros aspectos, como la existencia de una gran cantidad de estructuras y carteles que se explotan durante el verano y permanecen abandonados durante gran parte del año, provocando un perjuicio estético para su entorno y riesgos para la población