–cuyos honorarios por esa actuación están pendientes de regulación judicial–, entre los que se encuentran el primer secretario Legal y Técnico de la gestión Ríos, Eduardo Olivero, y los legisladores Manuel Raimbault y Osvaldo López, los dos primeros salieron al cruce de Virgilio Martínez de Sucre, con duros cuestionamientos jurídicos.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia efectuadas el pasado viernes, Raimbault y Olivero repasaron las actuaciones del Fiscal, tanto en el caso RePAS como en una serie de posturas que el organismo a su cargo ha tenido durante los últimos 10 años, desde que la implementación de la reducción salarial aplicada por el Gobierno de Carlos Manfredotti en 2000, y respondieron a la advertencia que Martínez de Sucre hace respecto a los honorarios.

En materia jurídica, Raimbault dijo parecerle “un poco extraño que el representante judicial de la parte que tiene que defender al Estado haga un juicio contra el juicio de su cliente, porque el Fiscal del Estado sigue siendo el abogado de la Provincia”. “Una posibilidad que es mucho más sencilla”, dijo, era que hubiera pedido a la Corte “que se liquiden honorarios con el criterio que corresponda” y que de esa manera se habría terminado “la cuestión”. Por lo que expresó no concebir que “si efectivamente” entiende “que se han inflado honorarios” el Fiscal de Estado “que no es un extraño, va a la sentencia que está firme, que dice que tiene costa del estado provincial, se presenta a la justicia y dice: Mire señor Juez (…) regule honorarios”.

Ante la falta de existencia de esa acción, el legislador sugirió que “la Gobernadora” instruya al Fiscal para que pida “la regulación de los honorarios en el juicio” y de esta manera se termine la discusión.

“Para refrescárselo”, Raimbault recordó que el tema central de este desembolso que está haciendo hoy la gestión Ríos es por “el mismo juicio donde él (el Fiscal) defendía ajustes salvajes, donde se llevaba a reducciones salarial al 45% y caídas de estatutos, convencido de la legalidad de lo que era un disparate”.

Para el legislador “el mismo contenido” de la solicitud del fiscal a la Corte, ha sido copiado de lo que él había dicho en 2001, cuando por la falta de pago del RePAS; en el 2005 “se presentó un juicio político contra el ex gobernador Jorge Colazo por el incumplimiento. En ese juicio la comisión investigadora (de la legislatura) sostuvo que el incumplimiento era totalmente insostenible, que no había ninguna excusa ni ninguna fundamentación para incumplir el RePAS”, pese a que “el juez Penza había dictado la medida cautelar”, y pedido “el cumplimiento de la Ley”.

“Mi voto en ese momento fue el siguiente: en un sistema institucional es muy posible que un funcionario incumpla, esa posibilidad siempre existe, el problema es que cuando un funcionario incumple es que el sistema falle, que aquellos órganos que están estructurados para intimar para exigir el cumplimiento, callen o aplaudan. Y el pago del REPAS, es efectivamente eso; es que cuando había que hacer cumplir una ley que era insostenible que no cumpliera, con sentencia primera instancia de Cámara y de Corte unánime, hubo quien por una accionar o indicación política favoreció el incumplimiento. En ese momento yo dije: hay que hacerle juicio político al Fiscal de Estado, porque si eso se hubiese solucionado en el 2004, esto no lo tendríamos” agrego.

Por lo tanto “la conclusión” que saca es que esa falta de acción jurídica “generó un endeudamiento”, a partir que alguien le pidió al Fiscal de Estado es momento; “nosotros vamos a hacer un puente financiero, pero no va a ser ante un empréstito vía legislativa como corresponde por la constitución, va a ser un empréstito vía judicial, como lo hacían con la Ley 460, con el Decreto 89, el 1947, con los descuentos salariales, y se prendió en esa”.

El legislador dijo además que “hay que ver la responsabilidad de aquellos que teniendo que haber hecho cumplir esta ley, miraron para otro lado”, que ello “también es una cuestión de fondo”, en el entendimiento que lo que se está planteando acá “es la postergación sin tiempo de pago de las deudas laborales”.

“En el 2005 decíamos, cuando uno comienza a forzar un endeudamiento financiero por la vía judicial, lo que logra es que ese problema inicial de endeudamiento se transforma con el paso del tiempo en un problema económico de toda la Tierra del Fuego, porque a medida que se empieza a endeudar la provincia, el problema no es el pago de un mes de salario, sino presupuestario que tiene que afrontar toda la sociedad después. Porque no es lo mismo pagar un mes de 150 pesos a un empleado, que pagar 8 años después una cifra acumulada a partir de eso. ¿Qué decíamos en ese momento?, cuidado, porque acá también hay una estrategia, en la medida que el endeudamiento se acumule, también existe acumulación de poder de los órganos menos democráticos de Tierra del Fuego, que es el Poder Judicial y el Fiscal de Estado”, advirtió.

Olivero: “Es una dramatización”

Por su parte, el ex titular de la Secretaría Legal y Técnica de la gestión de Fabiana Ríos, Eduardo Olivero, aseveró que el Fiscal de Estado, por el rol “que tiene asignado, no le permite hacer presentaciones de profundo sentido ideológico político”. De tal manera calificó a los planteos de Martínez de Sucre de “subjetivos”, ya que su pretensión de buscar algún efecto jurídico, bajo esta modalidad es “pasarse demasiado de rosca. El Fiscal de Estado, contra mi persona no acredita ningún elemento que tenga que ver con petitorio de honorarios. Lo que yo veo en el escrito es que proyecta su propia visión del asunto, sin un debate racional. Es una dramatización donde el escenario parecería ser que hay determinadas personas con las cuales uno no concuerda ideológica y políticamente, y todos aquellos que hayan colaborado con ello, él les pone el mote de sospechosos enemigos de Estado. Creo que es una posición efectivamente autoritaria en el ejercicio de la función”, calificó el letrado.

Y para “evitar este tipo de cosas”, dijo que el Fiscal podía haber excusado si es que “no puede deslindar los sentimientos subjetivos, de lo que implica la responsabilidad de lo que tiene al cargo”.

Respecto a su participación como abogado del sindicato estatal, Olivero recordó que trabajó en “distintas estrategias en materia de acciones colectivas, con otros tipo de actores, en el cual mi accionar fue de colaborar con medidas que tendían a limitar, tanto acciones por democratización a instituciones como en el control de la vitalidad estatal”. Y en cuando a los honorarios, sostuvo que en “nunca plantearía que se me regule honorarios que marca la ley de honorarios, porque estamos hablando de montos estrafalarios”, a los que calificó de “un abuso ético”.

“Creo que el Fiscal de Estado no se ha interiorizado en consultar en lo más mínimo. Y eso tiene que ver con las diferencias que él ha revelado en el ejercicio de la práctica profesional de algunos letrados. El caso del RePAS es emblemático, porque ningún organismo le ha dado la razón al Fiscal de Estado y él en su rol de control de la legalidad, debía haber advertido oportunamente al Poder Ejecutivo no acompañar, sea por afinidad ideológica y política, por sentimiento personal, semejante medida”, anotó.

Para olivero, la actuación de la Fiscalía de Estado, en materia de complimiento de pago del Repas “es un caso emblemático para revelar, porque la Fiscalía antes de discutir parámetros intensos de control de la ilegalidad del Estado, lo que ha hecho fue acompañar una medida enteramente política. Y eso merece una visión de autocrítica de la Fiscalía sobre qué acciones o posturas ha tenido en la historia institucional de la Tierra del Fuego. Eso creo que se da en este caso y es emblemático”, razón suficiente para que la fiscalía de Estado asuma si ha tenido su grado de responsabilidad “si este caso desemboca efectivamente en el cobro de honorarios. Esa discusión es indudable”.

De tal manera Olivero observa en el Fiscal “una especie de escenificación para eludir dar esa discusión. Porque ellos han acompañado una acción que se ha prolongado en el tiempo sin el más mínimo fundamento”, concluyó.