En el afán de la nueva reforma fiscal “Ley de solidaridad sostenible” tiene sentido no dejar por fuera un impuesto que ayude a prevenir enfermedades para que se reduzca el gasto futuro en salud y genere un recaudo para soportar políticas de inversión social. Si el impuesto a las bebidas azucaradas puede recaudar hasta un billón de pesos en su primer año de implementación, ¿cómo dejarlo por fuera de la reforma tributaria otra vez?