De ser aprobado, el trío del Ejecutivo deberá asistir al Concejo Deliberante para explicar el accionar municipal frente a los reclamos de las concesionarias durante las gestiones del Frente Cívico.
El proyecto ingresado al Concejo Deliberante recientemente, promueve no sólo la presencia del jefe comunal, sino también las del secretario de Transporte, Raúl Merino, y el asesor letrado Carlos Varas.
De aprobarse, los tres deberán rendir cuentas -en reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Legislación General- sobre la situación y acciones de la Municipalidad frente a las demandas motorizadas por las empresas Ciudad de Córdoba y Coniferal.
Cabe recordar que hace algunos días tomó estado público un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se afirma la existencia de una violación del municipio capitalino a los contratos de dichas concesionarias.
Sucede que en abril de 2008, el entonces intendente Luis Juez decidió enviar al Concejo Deliberante (donde detentaba mayoría agravada de 21 ediles) un proyecto que incrementaba el valor del boleto, actualizándolo de $ 0,80 a $ 0,95. Pero la minuta firmada por sus funcionarios Walter Montenegro (secretario de Transporte y Ordenamiento Territorial) y Carlos Funes (subsecretario de Transporte) imponía un cospel a $ 1,10.
Esa diferencia de $ 0,15, multiplicada por la cantidad de boletos que vendieron sendas concesionarias desde ese momento hasta la actualidad, es lo que el TSJ ha considerado, implícitamente, justo y susceptible de resarcimiento.
Se calcula un perjuicio de más de $ 100 millones.
Más preguntas
En el pedido de interpelación se notifican también otros interrogantes que el radicalismo pretende le sean explicados por la cúpula del Palacio 6 de Julio. Por ejemplo, se indaga sobre la conformidad de las prestatarias con el nuevo costo del cospel y su consiguiente renuncia a todo reclamo posterior, siendo que la última ordenanza de aumento así lo dispone.
Es que, al parecer, las privadas habrían firmado con reserva de ley esa aceptación. Y si eso es así, el Ejecutivo habría abierto la posibilidad de nuevos reclamos al promulgar la normativa.
En ese sentido, es de importancia destacar que el precio del boleto es, como se sabe, de $ 2, y la minuta de costos oficial dio $ 2,3.


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