Con la consideración de que “la asignación del agua para diferentes usos y su distribución entre distintos grupos sociales refleja, en algún modo, la distribución misma del poder en la sociedad, ya que distribuir el agua es tanto un medio de poder, como un producto del poder”, Jorge Rizzotti, diputado y vicepresidente 2do. de la Legislatura de Jujuy, fundamentó el Pedido de Informe que esta semana tomará estado parlamentario y que refiere al consumo de agua que realizan las Empresas mineras radicadas en la provincia.

“Desde la UCR he venido insistiendo con el control público para reducir la discrecionalidad del Estado, y en el caso de la minería como uno de los campos de la producción, es indispensable reforzar esto, ya que estamos hablando de recursos que implican el desarrollo de la provincia”, y agregó que, “estamos alentando la transparencia de la gestión de los recursos provinciales, no por esto se deben hacer lectura erróneas como la que dice que desalentamos el desarrollo productivo; muy por el contrario: estamos trabajando por un desarrollo que favorezca realmente a toda la sociedad jujeña, que asegure que los recursos sean valorados y considerados en forma real por el Estado”.

Lo previsto por el Pedido de Informe es que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura y Planificación – Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, remita a la Legislatura información sobre cinco puntos que refieren al uso y aprovechamiento del agua por parte de las mineras, como también a las consecuencias sanitarias y los pagos que realizan las mismas a la Provincia por utilizar el recurso.

Los cincos puntos son: copia de los títulos de concesión del uso del agua realizada a empresas mineras sitas en nuestra provincia, copia de los informes emitidos por la autoridad de aplicación y de la autoridad competente en materia de salud, discriminación de los cuadros tarifarios aplicados a las mencionadas empresas, canon anual que pagan las empresas por el aprovechamiento del agua y deuda que exista a la fecha y acciones para el cobro que efectúa la Unidad responsable.

Rizzotti recordó que “las modalidades y características tecnológicas de la gran minería metalífera en la actualidad implican grandes requerimientos hídricos durante su proceso extractivo, a la vez que también se constituye como una grave amenaza para las fuentes de agua en el futuro”.

Finalmente, el diputado Rizzotti remarcó también que “este pedido que se trata simplemente de promover la información pública que confirme que el Estado está cumpliendo con su obligación de controlar”. “Cualquier planificación de desarrollo está amenazado (como también la democracia misma) mientras existan instituciones de control externo debilitadas y mecanismos ineficaces de la gestión de los recursos públicos, por lo que esta acción alienta el control”, concluyó el legislador.