El ex convencional constituyente de la provincia Jorge Rabassa criticó con dureza la falta de aplicación del tope salarial constitucional, y deslizó que debería examinarse un posible jury de enjuiciamiento para los jueces que han “violado a conciencia” el texto de la Constitución de Tierra del Fuego.

Rabassa sostuvo que con las diferentes interpretaciones que le ha dado el Superior Tribunal de Justicia al artículo 73 inciso 4 de la Carta Magna “no sólo no se cumple con el espíritu de los constituyentes, sino que además se deja de lado la letra clara y explícita del artículo constitucional que no necesita de ninguna interpretación adicional”.

Según el artículo aludido, los funcionarios públicos de cualquiera de los tres poderes no pueden cobrar remuneraciones superiores a la del gobernador de la provincia.

Sin embargo, la primera conformación de la Corte en 1994 interpretó por Acordada N°1/94 que funcionarios no es lo mismo que magistrados, y desde entonces los jueces fueron autorizados a ganar por sobre el tope constitucional.

El debate se reavivó el mes pasado cuando la actual integración del Superior Tribunal dictó varios fallos declarando la inaplicabilidad del tope a toda la administración pública, con el argumento de que la remuneración de la gobernadora no se encuentra determinada.

En la actualidad, los jueces del STJ ganan casi 60 mil pesos mensuales de bolsillo, unas 2,3 veces más que la gobernadora cuyo sueldo es de unos 27 mil pesos. Pero con la nueva jurisprudencia quedarán habilitados para cobrar más que la mandataria un grupo de docentes, médicos, policías, empleados bancarios y de la Dirección Provincial de Energía, entre otros.

“Una interpretación vinculada con los bolsillos”

Rabassa fue consultado por el tope salarial a raíz del vigésimo aniversario de la sanción de la Constitución, que él ayudó a redactar como integrante de la bancada de la UCR.

Sin embargo, no es el único convencional que ha hecho pública una postura similar. En Río Grande hizo lo propio el ex vicegobernador Miguel Angel Castro, en tanto que es conocida la posición del actual legislador Ricardo Furlan, quien se opuso a la violación del tope ya en 1994 cuando era concejal de Ushuaia.

“Cualquier constitucionalista podría confirmar que el texto de la Constitución es muy claro. Y como si fuera poco también están disponibles las transcripciones de las actas de debate. No hay duda posible”, sostuvo Rabassa en diálogo con un periodista de EDFM.

El actual investigador del CONICET y profesor universitario también criticó la existencia de sectores que “se han autoproclamado intérpretes únicos y exclusivos de la Constitución. Y lo han hecho en su propio y exclusivo beneficio”, afirmó.

Según expresó el ex ministro de Educación, los convencionales nunca pensaron en excluir a los jueces del límite salarial establecido en el artículo 73, porque “de haberlo querido lo hubiéramos hecho de manera explícita”, por lo que “estamos ante la presencia de una interpretación absolutamente tendenciosa, mezquina y vinculada exclusivamente con los bolsillos y los intereses personales de los magistrados, que ahora además pretenden extender el beneficio a otros sectores”, expresó Rabassa.

En la misma línea, el ex convencional consideró un “subterfugio leguleyo” el reciente argumento de la Corte de que la remuneración de la gobernadora no se encuentra determinada. “Es seguir apartándose de la letra y el espíritu del artículo constitucional”, advirtió.

“La remoción de los jueces es una alternativa”

Sobre las responsabilidades por el incumplimiento del tope, el también ex legislador provincial opinó que deberían existir “penas muy específicas para aquellos que violan un artículo de la Constitución a conciencia y siendo, además, y arte y parte del asunto”.

“Hay mecanismos que deberían activarse. La remoción de los jueces por juicio político es una alternativa. La Legislatura puede intervenir, y por ello me hago cargo de la cuota parte que me toca por haber integrado la primera”, admitió Rabassa.

“Se cumplieron 20 años de una convención cuyos integrantes, a pesar de provenir de partidos diferentes y con ideologías muy apartadas, privilegiamos el bien común y un proyecto de provincia. Es hora de que vuelva a prevalecer ese criterio”, reflexionó el dirigente.