La Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego emitió un crítico documento sobre el estado económico financiero de Tierra del Fuego, que cobra otro valor a partir de la intención del Gobierno fueguino de reducir la coparticipación de las municipalidades.

Ello ocurrió en la tercera instancia del Foro de Políticas Públicas que se realizó en Río Grande por primera vez desde que el radicalismo comenzó a delinear un proyecto propio de cara a 2011.

A continuación, Actualidad TDF reproduce de forma íntegra el documento que lleva la firma de Luis Moreno y Gabriel Clementino.

“Hemos asistido en el transcurso de estos años a una verdadera implosión de las cuentas públicas. Una implosión que ha creado una onda expansiva de alto poder nocivo y que se haya patetizado en el actual estado de situación.

Si fuera posible realizar una autopsia de las finanzas provinciales podría advertirse, sin mucho esfuerzo, cual ha sido el destino del gasto y la acumulación de pasivos insostenibles que han convertido a la provincia financiera más rica del país, en una suerte de mendigo que golpea las puertas de la nación para demandar ayudas extraordinarias.

En el transcurso de estos últimos años se ha ido consolidando una cultura del despilfarro. El denominado “gasto político”, tan criticado por todos los discursos pero mucho más vigentes en los presupuestos provinciales, ha crecido de modo desproporcionado para una provincia que administra a poco mas de centenar y medio de miles de personas.

800 funcionarios políticos forman parte del ejército del poder ejecutivo provincial. 800 funcionarios que se turnan en los escritorios para colocar sellos en papeles inconducentes ante la ausencia de actos de gobierno que interesen a la gente.

800 funcionarios que buscan obras para inaugurar pero que no las encuentran, porque entre otras cosas, el gasto que demanda sus remuneraciones es el similar a escuelas, kilómetros de pavimentos y centros periféricos que no se construyen.

Para dar un ejemplo: para este año la provincia tiene destinado como inversión a obra pública menos del dos por ciento de su presupuesto. Provincia, que está demás decir, desde hace varios años viene postergando la construcción de obras básicas e imprescindibles para las necesidades de la gente.

Sin embargo desde el año 2005 hasta esta parte, entre aplausos de algunos, guiños de otros y un silencio cómplice de muchos, la administración pública creó, de la noche a la mañana, 4.600 vacantes. Pero la cuestión estuvo lejos de terminar allí. Poderosas “razones de estado” hicieron que ese número se incrementara hasta trepar a la fecha a más de 7.000 ingresos.

Paradójicamente el argumento disparador del cercenamiento a los municipios es la incorporación de 350 agentes de policía. Vale decir el 5 por ciento de los empleados que entraron a la administración pública en los últimos cinco años.

No hay duda alguna a esta altura de los acontecimientos que existe una estrecha vinculación entre la asignación de los recursos y las estrategias políticas de los funcionarios que utilizan con absoluta liviandad el patrimonio social de los fueguinos.

Que confunden progresismo con ineficiencia. Que trasladan los costos de la pesada carga de un estado elefante al resto de la sociedad. Y que desatienden los servicios esenciales que debe brindar el estado. ¡Es por eso que estamos como estamos!

Para dar un ejemplo en materia de ingresos tributarios basta señalar que luego de una descarnada lucha para transferir recursos del sector privado al público se encuentran exentos de impuestos los bancos y los seguros que son quienes mayor acumulación de ganancias disponen.

Un raro progresismo que le recauda a los cuentapropistas y evita el cobro a los poderosos.

También en ese criterio debe leerse la actitud de los parlamentarios nacionales identificados con el gobierno que negaron la aprobación de la ley de coparticipación del impuesto al cheque que le hubiera significado a la provincia 150 millones de pesos anuales.

Este es el nivel de ineficiencia que atraviesa todos los resortes del gobierno y que convierten a la provincia financieramente mas rica del país en un “pacman” insaciable a la que ni siquiera le ha alcanzado que sus ingresos se multiplicaran por cuatro en el transcurso de sus últimos cinco años, ni las ayudas excepcionales provenientes del tesoro nacional, ni la mayor presión tributaria, ni el incumplimiento de pago de sus obligaciones.

Paralelamente, como pretendiendo tal vez borrar bajo la alfombra las pruebas irrebatibles de lo evidente, la palabra transparencia ha quedado enterrada entre los escombros del ocultamiento ya que se ha desterrado de las páginas oficiales la información financiera.

Ni siquiera los legisladores tienen conocimiento del movimiento de recursos que opera el gobierno; tampoco se cumple con la manda constitucional de publicar el cuadro mensual de ingresos y gastos lo cual constituye un ocultamiento agravado que condiciona el derecho democrático de los ciudadanos.

Pero si algo le faltaba a este cuadro de situación es la respuesta ofrecida por sus responsables. Lejos de las autocríticas y de las correcciones de rumbo, la solución esta vez pasa por sacarle dinero a los municipios lo cual ha instalado un nuevo revulsivo en el horizonte de la provincia.

Fieles a un estilo de gestión que los ha llevado a abrir conflictos innecesarios que han involucrado a los poderes del estado, organismos de control, sindicatos públicos y privados, cámaras empresariales, etc. ahora han elegido como contendientes a las municipalidades.

Poco advierten de que lo que se encuentra en juego no es esta vez solo una cuestión de números. Es mucho más grave que ello toda vez que el sistema federal se asienta en criterios de autonomía que dependen de reglas previsibles que determinen su financiamiento; más aún en Tierra del Fuego cuyo régimen de coparticipación municipal deviene de un pacto preexistente a la provincia.

Así además lo ha entendido la gran mayoría de los representantes de las ciudades ya que la conciencia federal ha quedado claramente reflejada en la firme voluntad de los Concejos Deliberantes que han rechazado por amplia mayoría la intención de estrangular las finanzas de los municipios.

No es éste seguramente el camino que eligieron los habitantes de la provincia. Tampoco es el destino querido ni deseado de los ciudadanos que eligieron a sus representantes.

En definitiva creemos que es imperioso que el gobierno cambie de rumbo y lo responsabilizamos de manera directa por el estado decadente en el que hoy se encuentra la provincia.

Los invitamos a reflexionar y les pedimos con humildad un cambio de rumbo y de actitudes que le permitan darle previsibilidad a la provincia y al futuro de grandeza que todos nos merecemos”.