La jugada del presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica no puede pasar inadvertida. Por osada o controversial, si los militares de más de 70 años con condenas por violaciones a los derechos humanos en su país fueran relevados de purgar sus crímenes en las cárceles, el debate que arreciaría en aquellas costas del Río de la Plata no sería tan distinto del que hoy se escucha en Argentina, cada vez que algún represor se beneficia con la prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Desde hace dos semanas, la idea ronda en forma de rumor que el propio Mujica alimenta, desmiente y tergiversa, jugando a la ambigüedad. "Yo no planteo el olvido, ni ningún perdón ni nada por el estilo. Yo apuesto a un proceso político de larga duración ", alegó el viernes último en una entrevista con el semanario Brecha, para enseguida retrucar: "Yo fui preso, la pasé muy mal, pero no puedo ser verdugo de mis verdugos. ¿Se entiende?" Y aunque una alta fuente del gobierno uruguayo insistió ante PERFIL que no existe en la actualidad un proyecto concreto en estudio sobre el tema, reconoció que el mandatario legisla a través de opiniones, aunque no siempre se concreten en acciones.

El Congreso uruguayo sancionó en 2005 la Ley 17.897 de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, que en su artículo 9 permite a los jueces "disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años". Ese beneficio, sin embargo, excluye a los condenados o procesados por homicidio, violación, y delitos previstos en el Estatuto de Roma, como por ejemplo, los de lesa humanidad.

En Argentina, este mecanismo se aplica sin que la tipología del delito sea un condicionante. De ahí que represores como Antonio Domingo Bussi gocen de este beneficio y otros lo hayan tenido hasta serles revocado, como Jorge Rafael Videla o Miguel Etchecolatz, hoy en Campo de Mayo y Marcos Paz, respectivamente.

Si la "humanización" se aplicara en forma masiva en Uruguay, el caso más emblemático que podría acogerse a la estrategia de Mujica sería, por sus avanzados 84 años, el de Gregorio Alvarez, último presidente de facto. Paradójicamente, uno de los hombres fuertes de la dictadura oriental que terminaría sus días en su casa, fue alguna vez verdugo de Mujica cuando el ex tupamaro era un "rehén" del Ejército que Alvarez comandaba, durante 12 años de vejaciones.

Mientras que el resto de los militares que se beneficiarían tienen su futuro directamente condicionado por los juicios de la Verdad en Argentina: José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández y Ernesto Avelino Ramas Pereira, figuran en las fojas que aluden a los delitos cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti como engranajes del Plan Cóndor. Hasta no efectivizarse el trámite, no obstante, su edad les permitiría irse a sus casas si los jueces lo dispusieran.

Existe, sin embargo, una alternativa para Mujica si pretendiera evitarse el malhumor social y político de una reforma legislativa, y el caso de Juan María Bordaberry sería clave en esta estrategia. El ex dictador entre 1973 y 1976 purga una condena de 30 años en el domicilio de su hijo Santiago, hermano del ex presidenciable colorado Pedro Bordaberry, porque la Justicia lo benefició con el artículo 8 de la misma Ley de Humanización que permite excepciones por "enfermedad grave" o "circunstancias especiales". Si Mujica fogoneara la aplicación masiva de excepciones, serían los jueces y no los políticos quienes acarrearían el costo de la reconciliación.