Quiénes son los que cuentan los votos chubutenses

Mas allá de las responsabilidades políticas que podrían caber en torno a los comicios del 20 de marzo en Chubut, una de las facturas institucionales más caras del proceso debe abonarla el Tribunal Electoral Provincial, organismo que administró la carga y distribución de los datos provisorios.

Mientras desde el miércoles pasado los cinco integrantes del Tribunal Electoral Provincial (TEP) se abocan a la tarea del escrutinio definitivo, aún sobrevuelan dudas respecto de la legitimidad e imparcialidad de quienes forman parte de un organismo al que los últimos años fue calificado de “dasnevista”.

Ello es así porque el organismo está conformado por dos diputados provinciales “alineados”con el Poder Ejecutivo, además de tres funcionarios del Poder Judicial, uno de ellos designado por el propio gobernador como Procurador General.

El TEP ya había sido blanco de cuestionamientos en 2007 al habilitar la presentación del PROVECh en los comicios de ese año como fuerza independiente, a pesar de que en la práctica se trataba de un sublema del justicialismo. Hoy, con el escrutinio definitivo en marcha bajo la mirada de los medios nacionales, el organismo hace el evidente esfuerzo por demostrar independencia.

Mientras tanto, se revierten los mismos números informados por ellos el domingo de la elección, así como se sigue declarando la nulidad de algunas mesas y se reitera la negativa del conteo voto por voto, aun ante la posibilidad de apelación a la Corte Suprema de Justicia, lo que habilita todo tipo de lecturas, desconfiadas y de las otras.

EL PODER JUDICIAL

El TEP está integrado por cinco miembros. Tres de ellos son del Poder Judicial. Se trata del juez universal de Rawson, Carlos Tessi; del titular del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Caneo, y del Procurador General, Jorge Miquelarena.

El organismo electoral es presidido por Caneo. Oriundo de Comodoro Rivadavia, lleva 25 años de labor en el Poder Judicial provincial. Antes de ser ministro del superior se desempeñó como juez de primera instancia (de 1984 a 1986) y juez de la Cámara de Apelaciones de la urbe petrolera (19883-2006).

El magistrado no fue parte del fallo del Superior Tribunal en relación a las listas espejo, dado que gozaba entonces de su licencia anual. La semana pasada expresó en su condición de titular del organismo que hoy ocupa el centro de todas las miradas, que “pongo las manos en el fuego por el personal del Tribunal Electoral” y que “si hubo algún error, yo me hago responsable”.

Tales dichos se dieron el último jueves, cuando llamó a la reflexión, “sobre todo de aquellos que dicen que hubo fraude. Sería muy bueno que digan quiénes son los acusados de fraude, tenemos la oportunidad de defender nuestra honorabilidad porque así somos todos sospechosos de fraude” dijo.

Jorge Miquelarena es parte de la función pública desde la primera gestión de Mario Das Neves, cuando fue designado Fiscal de Estado. En 2008 asumió como Procurador General tras la controvertida destitución de Eduardo Samamé.

Su nombramiento se produjo bajo algunas críticas, dado que surgió a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial y sin cumplimentar la formalidad del llamado a concurso público.

Miquelarena tuvo un rol central en la presentación judicial de la UCR solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto provincial 630 que estableció el adelantamiento de las elecciones para este 20 de marzo.

Es que el Procurador no solo desestimó los cuestionamientos del partido de la oposición, sino que entendió que el planteo radical podía caer por una supuesta falta de representación del senador nacional Mario Cimadevilla quien –según entendía- al ser elegido como legislador de la Cámara alta no estaba en condiciones de continuar ejerciendo la representación partidaria.

Señalado hasta aquí en consecuencia como “funcionario dasnevista”, Miquelarena había emitido unos meses antes, en enero de 2010, un fallo favorable a Rosana Artero, hoy intendente electa de Rawson por el FPV.

Artero era entonces concejal de la capital provincial y había sido destituida por el cuerpo deliberativo. El dictamen del Procurador consideró que la decisión legislativa no superaba el examen de legalidad y excedía las potestades del cuerpo, con lo que tras la correspondiente declaración de nulidad, se le restituyó la banca.

Además, en el marco de los actuales comicios, hizo pública su solidaridad hacia Jorge Pfleger, ministro del Superior Tribunal injuriado en el marco de la movilización política que montó el Peronismo Federal como vigilia mientras el órgano dictaminaba respecto de las listas espejo.

Además, hace 96 horas Miquelarena avaló una resolución del TEP adversa al Peronismo Federal, al declarar la nulidad de la mesa 174 de Puerto Madryn, lo que habilitaría a una elección complementaria.

LA PATA LEGISLATIVA

Son dos los diputados provinciales que integran el TEP. Uno de ellos es Jorge Pitiot, ex intendente de Trelew cuando le ganó la pulseada nada menos que a Mario Das Neves bajo la Ley de Lemas en 1991.

Durante la primera gestión de su otrora adversario (2003-2007), Pitiot fue ministro de Industria, Agricultura y Ganadería, cargo en el que lo reemplazó Pablo Korn en diciembre de 2007, cuando asumió como diputado provincial. En el marco del armado electoral, en esta ocasión el hoy integrante del TEP aspiraba a repetir la candidatura a intendente en Trelew, que finalmente recayó en Máximo Perez Catán.

DESALOJO EN BOSQUES NATIVOS

Santiago “Chito”Cárdenas es el último integrante del organismo, en el que asumió el primer día de este mes en lugar de Mariana Ripa. Antes de asumir como legislador por el Provech, fue intendente de la localidad de El Hoyo por la UCR, municipio en el que también se desempeñó como inspector de tierras.

De estas últimas dos gestiones se desprende su más polémica actuación, dado que fue quien otorgó la titularidad de 12.000 hectáreas de bosques nativos al abogado Enrique Korn, padre del actual ministro Coordinador del gabinete de Mario Das Neves.

La nueva propiedad, vinculada con la explotación maderera, determinó el desalojo de las familias Larenas y Quilodrán (esta última aborigen), ocupantes del predio desde 1941. Por este hecho, los vecinos de El Hoyo fundamentaron un pedido de juicio político que aún no prosperó, aunque la causa todavía transita los carriles judiciales.

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