El proyecto que fuera presentado por el diputado platense del bloque del FpV/PJ Gabriel Bruera y que rápidamente obtuviera despacho de la comisión de Derechos Humanos, atento a que los juicios, como todos saben, están en curso, ahora deberá ser considerado por el Senado provincial.

En su único artículo el proyecto considera que “cuando una persona, sea testigo, imputado o querellante, que hubiese colaborado con la investigación, en todos los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas” y agrega “estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo, imputado o querellante y en la provisión de recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio o de ocupación, se fueran necesarios, sin afectar las garantías del debido proceso legal”. La gestión, según se consigna, quedara a cargo del Ministerio de Justicia como “autoridad de aplicación”.

“Nosotros tuvimos el 24 de marzo con una reunión con ex detenidos de la Unidad 9, por causas políticas, que nos comentaban sus preocupaciones y en virtud de lo que sucedió con el caso López, presentamos un proyecto de ley que excede el tema de la Unidad y tiene que ver con la protección de aquellas personas ex detenidas desaparecidas por causas políticas que hoy son testigos en juicios contra los represores de la dictadura en territorio bonaerense”, señaló el diputado Gabriel Bruera al referirse a la iniciativa parlamentaria de su autoría sobre la necesidad de que “el estado deba proteger a los testigos de causas contra delitos de lesa humanidad de manera obligatoria”.