Los concejales peronistas descreen de la palabra del intendente, mientras que los ediles del radicalismo dudan del Gobierno. Lejos de aclararse, el enredo político en Simoca, luego de que un funcionario se quejara por sufrir un trato desigual respecto de otras administraciones por parte de la Provincia, sigue en ebullición. Ayer, el edil Bernardo Exequiel Sassi (UCR) deslizó que el Poder Ejecutivo podría haber incurrido en una violación a las normas legales.

El sábado, el subsecretario de Coordinación, Daniel Argañaraz, afirmó que durante 2008 llegó al municipio mucho menos dinero que el pautado. Un día después, el intendente, Luis González (UCR), desautorizó a su colaborador y afirmó que no se siente discriminado por parte del Ejecutivo. Luego, los ocho concejales peronistas de Simoca pusieron en duda la aclaración de González. "No entendemos si es una nueva equivocación o si se trata de una estrategia política. Para nosotros, es lo segundo", dijo el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Herrera.

En medio del tironeo, el radical Sassi presentó un pedido de informes al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. En el texto, solicitó que se le detallen los montos enviados a cada municipio, para determinar si "Simoca está recibiendo de parte del Gobierno un trato desigual y discriminatorio". Según el edil, en caso de que sea cierta la sospecha, el Gobierno estaría violando la Ley 7.467. Esta establece que el desembolso a cada municipio se hará "respetando la porcentualidad con que los municipios participan en el total de cada concepto".

Jaldo, en tanto, afirmó que las aclaraciones formuladas por el intendente González eran suficientes. "Es un tema cerrado", dijo.