La norma establece autarquía y capacidad jurídica al organismo. Incluso le otorga el control sobre el GNC.
El directorio del ente estaría conformado por tres personas. El Ejecutivo elegiría a dos.
En sus fundamentos, las diputadas Graciela Corvalán y Graciela Mazzarino apuntan a que las privatizaciones de comienzos de los '90 fueron fruto de un "agresivo y nocivo proceso neoliberal" que luego, la reforma constitucional de 1994 intentó bañar de un federalismo que devolvió potestades a las provincias, incluidos ciertos derechos de los consumidores.
El proyecto establece la creación del Enpregas, que actuaría sobre "la regulación de las actividades de generación, transporte y distribución del gas en todas sus formas" dentro del territorio provincial. Estaría facultado para dictar los reglamentos de seguridad, los procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, además del uso y control de los medidores. Incluso amplía su órbita al gas natural comprimido (GNC). Y por supuesto, tendrá autoridad para "asegurar que los distribuidores establezcan planes y procedimientos (...) y proporcionen informes periódicos que permitan determinar el grado de cumplimiento de dichos planes". Un claro recorte a las libertades con las que hoy se maneja Ecogas.
En la práctica, sería una virtual intervención sobre las facultades de la distribuidora actual, ya que le otorga atribuciones en el cálculo de las tarifas, para autorizar las servidumbres de paso y "prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o indebidamente discriminatorias por parte de los distribuidores". Incluso le brinda el derecho de acceso a la propiedad de productores, transportistas, distribuidores y consumidores si existe una notificación previa.
El futuro Enpregas tendrá un directorio compuesto por tres miembros, uno designado a propuesta de la primera minoría de la Cámara de Diputados provincial. Los otros dos los decidirá el Poder Ejecutivo. Serán de dedicación exclusiva y con fundados antecedentes técnicos y profesionales. Durarán dos años en sus cargos, pero podrán renovarlos de manera indefinida. En caso de aprobarse la ley, los distribuidores abonarían anualmente y por adelantado una tasa de fiscalización y control que fijaría el Ente.

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