Fue un megaoperativo que fue supervisado por el jefe de Policía, Miguel Ayarde, y el juez de Instrucción Javier Aróstegui, con quien se agarraron los pobladores puneños por los supuestos excesos cometidos por la Policía, que en los procedimientos detuvieron a tres sospechosos que fueron trasladados directamente a esta capital.

Por el enojo de los manifestantes, que acusaron a la Policía y al juez de equivocarse en los domicilios que debían allanarse y de ciertos excesos, Aróstegui tuvo que refugiarse en una comisaría quiaqueña y retirarse custodiado por Infantería, momento que habría sido apredreado.

Lo paradójico del caso es que la comunidad venía solicitando mayor seguridad y autoridades que visitaron la ciudad hace algunos días, habían anunciado la creación de una nueva comisaría que lleve mayor tranquilidad a la población, que dijo sufrir una ola de delitos desde hace algún tiempo.