El hecho que preocupa es que se haya dado lugar a la defensa de los acusados que habían pedido una prórroga para contestar las acusaciones por escrito. La megacausa lleva diez años y no ha tenido definiciones.

La decisión de otorgar la prórroga fue tomada por el juez federal subrogante Bernardo José Aranguren, y los querellante consideraron que el pedido de los defensores es “una chicana” destinada a prolongar los tiempos. Según publica diario Uno, Aranguren hizo lugar al pedido de la defensora pública oficial ad hoc Mariela Nardi de Brouchy, quien había presentado un escrito solicitando prórroga para contestar la vista de la acusación de fiscales y querellantes. En su resolución, el magistrado invocó los artículos 699 y 463 del Código de Procedimientos en Materia Penal, que se aplica en esta causa y fija un trámite por escrito, sin juicio oral y público.

Con esta medida, la defensora de los represores José Anselmo Appelhans, Carlos Horacio Zapata y Oscar Ramón Obaid tendrá hasta mediados de marzo para presentar su escrito, con posibilidad de solicitar una nueva prórroga.

En esta causa se investigan secuestros, asesinatos, desapariciones y torturas cometidas durante la última dictadura cívico-militar. La investigación se reabrió hace diez años, luego de la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y está prácticamente paralizada desde noviembre de 2011 por una serie de maniobras dilatorias de los acusados, sobre todo de Jorge Humberto Appiani y Cosme Demonte.

El 19 de diciembre de 2013, al cumplirse una década del pedido formal de organismos de derechos humanos para la reapertura, autoridades del Juzgado Federal recibieron a un grupo de querellantes y se comprometieron a darle celeridad al trámite, con el objetivo de dictar sentencia en marzo. Sin embargo, con esta resolución de Aranguren los plazos vuelven a estirarse.

Ese 19 de diciembre se realizó un acto frente a los tribunales federales de calle 25 de Mayo, hubo una intervención artística y se presentaron las más de 2.000 firmas reunidas en una campaña que se inició desde la agrupación Hijos Regional Paraná, con el objetivo de “exigir inmediato juicio y castigo a los genocidas”. El secretario de Derechos Humanos del Juzgado, Juan Antonio Rosas Paz, recibió a una comisión de querellantes.

Ante la resolución de esta semana, Clarisa Sobko, integrante de la organización Hijos, lamentó que la Justicia continúe accediendo a los planteos de los represores que hacen postergar el dictado de la sentencia. “Esta es otra chicana a dilatoria de los genocidas, a las cuales los jueces dejen pasar”, dijeron a diario Uno