El reclamo de la Cámara de Comercio fue eelvado al jefe de Gabinete de Ministros, Ariel Rauschemberger; a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Norma Durango, y al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Díaz.

Explicó que la entidad "representa a los pequeños y medianos empresarios, especialmente a los que realizan actividades comerciales en nuestra ciudad capital, bregando por el cumplimiento de las leyes nacionales, de la Provincia y las ordenanzas municipales". Informa también que el sector "es el primer empleador privado" y que "además es un alto contribuyente impositivo y propulsor de la economía provincial".

"Frecuentemente --agrega en la misiva-- reclamamos a los distintos estamentos públicos por la venta ilegal que se desarrolla en las distintas ciudades de la Provincia por medio de vendedores ambulantes que se instalan en espacios públicos o recorren dependencias públicas y privadas ofreciendo sus mercancías y que atenta principalmente contra los comercios legalmente instalados", asegura.

Luego de señalar que esta práctica "se está expandiendo muy rápidamente, pero muy especialmente dentro de los edificios de la Administración Pública", la Cámara de Comercio adviertió que responsables de área o personal jerarquizado no ponen límites, perjudicando también el trabajo de los agentes públicos.

También la entidad destaca que "en momentos donde la economía decae permanentemente afectando la rentabilidad, el Estado impone mayor presión impositiva, se realizan cambios rotundos en las leyes laborales, inspecciones constantes por parte de organismos del Estado Provincial y Nacional con el propósito de verificar el cumplimiento de las leyes vigentes --tema sobre el cual no podemos estar en desacuerdo--, todo sobre el sector formal, otros lucran en forma ilegal, evadiendo sus responsabilidades y compitiendo deslealmente con el comercio formal".