Empresarios industriales de la provincia de Buenos Aires denunciaron una "mafia de los juicios laborales" para reducir el desarrollo e incluso provocar el cierre total de fábricas, a pesar de los altos costos que se pagan por seguros y las fuertes inversiones en seguridad laboral que redujeron un 70 por ciento los índices de accidentabilidad.

El presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Parque Industrial Plátanos (de Berazategui), Daniel Rosato, destacó la "angustiante" situación de dos empresas que enfrentan litigios judiciales por "causas armadas" que en la actualidad generaron la retracción en el empleo pero que además pusieron en situación de riesgo la continuidad laboral de más de 200 puestos de trabajo.

"Según los datos de la Unión Aseguradores de Riesgo de Trabajo, en 2006 se iniciaron 11.697 demandas por accidentes de trabajo, mientras que en 2012 habían ascendido a casi 68.000. Pero más trágico es que el año pasado superaron las 120.00 presentaciones", enfatizó Rosato, quien además destacó que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo "mostró que cayeron fuertemente en ese mismo período".

Rosato, quien además integra la Junta Directiva de la UIA, destacó que la central fabril señaló un descenso del 70 por ciento de los índices de accidentabilidad en fábricas. "Cada puesto de trabajo que se pierde en la industria, genera la imposibilidad de crear 2,5 puestos de manera indirecta, mientras que otros sectores, como el comercio, un trabajador registrado redunda en 0,5 indirecto. Ese es un argumento más para proteger al sector, que sólo pide que se cumplan bien las leyes".

Destacaron el  caso de la curtiembre Arangio SA, ubicada en Lanús, "que afronta una treintena de demandas por juicios laborales de personal que nunca trabajó en la fábrica. Francisco Urci Uoli es uno de los accionistas de una fábrica familiar, quien afirmó que "un día llegaron denuncias de supuestos trabajadores que decían haber sido contratados en negro y despedidos sin que se les pagara". Fueron 33 presentaciones de igual tenor que llegaron a distintos juzgados, en donde una de ellas fue rechazada con los mismos argumentos que las restantes siguieron su curso de aceptación, según señaló la asesoría legal. "Los vigiladores que controlan la entrada brindaron su testimonio de que nunca los habían visto en la fábrica. Empleados que trabajan hace 20 o 30 años dijeron que jamás se contrató a nadie en negro. E incluso dos delegados, uno que integra el Sindicato del sector, desmintieron que los denunciantes hayan trabajado en esta fábrica", enfatizó Urci Uoli.

La curtiembre en la actualidad cuenta con un personal de 130 empleados, pero advirtió que deberá "cerrar las puertas y dejar de lado la gran inversión en una planta modelo si es que la Justicia convalida un invento".

También destacaron el caso de Nicolás Santos, un industrial textil que cuya empresa afrontó 20 sentencias o acuerdos, pero tiene 30 demandas laborales más de personal que se desvinculó de la empresa que las realizó luego de cobrar el 100 por ciento de sus indemnizaciones, seis meses de salario y un año de cobertura de la obra social.