Los diputados aprobaron en la madrugada de ayer la normativa que regula a la empresa neuquina. Hubo cambios en la redacción.

Neuquén > En las primeras horas de ayer, sobre el cierre del período legislativo, los diputados convirtieron a Gas y Petróleo (G&P) en una sociedad anónima abierta, lo que la deja fuera de los controles y normativas aplicables a otros entes provinciales. Sólo presentará rendiciones puntuales ante el Tribunal de Cuentas. Al aprobar la ley en particular, el oficialismo introdujo un cambio de último momento que no estaba en el despacho de comisión, para precisar el carácter privado de la firma.

Además, en la última sesión ordinaria del año, la cámara aprobó la creación de una Secretaría de Ambiente con rango ministerial, la expropiación de un terreno privado para construir el Concejo Deliberante de Cutral Co y otras 10 leyes.

Críticas opositoras

El párrafo que se añadió a la ley de G&P provocó un fuerte rechazo de la oposición, que insistió en cuestionar la privatización de la empresa. En concreto, la frase expresa que no se le aplicarán a G&P “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el estado nacional o los estados provinciales tengan participación”. Se aclara que, “no obstante ello, en el caso de corresponder, le será aplicable el artículo 127º de la Ley de Administración Financiera”, que establece situaciones en las que se requieren rendiciones del síndico ante el Tribunal de Cuentas.

El texto describe una modificación que ya está contenida en la Ley Nacional 19.550, de sociedades comerciales, la norma que regulará a partir de ahora el funcionamiento de G&P. Por eso, durante la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el presidente del bloque del MPN, José Russo, había accedido a retirar ese párrafo, solicitado por el ministro de Energía, Guillermo Coco.

Como la eliminación del texto molestó al ministro, que salió públicamente a manifestar su desacuerdo, el oficialismo resolvió volver a incorporarlo en la sesión.

Firma privada de capital público

Luis Sapag (MPN) afirmó que, con esta reforma, la empresa podría acceder a unos 500 millones de dólares de financiamiento en los próximos años, para destinarlos a la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Admitió que implica convertir a GyP “en una empresa privada”, pero aclaró que eso no significa que el estado busque desprenderse de la firma sino lo contrario. “El objetivo no es la privatización sino que la provincia empiece a apropiarse de la renta, de la ganancia petrolera, como lo hacen Petróleos de Venezuela (PDVSA), Petrobras e YPF; pretendemos que no se repita la historia deficitaria de Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa)”, argumentó.

Quienes se oponen a la medida subrayaron que se trata de una privatización para eludir el control de los fondos públicos. Raúl Podestá (Frente Grande-MUN) sostuvo que el párrafo que se agregó permitirá “eliminar los controles del Estado sobre el proceso y la apropiación del negocio petrolero por parte de algunos particulares”. Señaló que por eso aprobaron la reforma literalmente “entre gallos y medianoche”.

“Esta nueva redacción supone el alejamiento del estado en los mecanismos de control. Al contrario de lo que se intenta confundir, este es el proceso inverso de lo que se hizo con YPF y es el comienzo de la privatización encubierta”, reforzó Jesús Escobar (Libres del Sur).