En medio del silencio sepulcral, se escuchó apenas el sollozo de una madre: tras la formal lectura de la absolución de los 3 policías acusados por el homicidio culposo del “Chami” Fernández, un manto de tristeza cubrió la sala de la Cámara del Crimen número 1.

Los abrazos, el consuelo de las palabras, no fueron suficientes. Mirta López, la madre del “Chami”, entre lágrimas, soltó lo que sentía cuando los que la quieren se le acercaron: “si te mandás una macana para comer, estos hijos de puta te dan 20 años...”. El padre de “Chami”, Justo Fernández, apuntó directo a los jueces: “son unos caraduras”.

Se refería a Miguel Ángel Gavazza y Elvira Rosetti, quienes en realidad no son jueces, pero ejercen como tales: formaron mayoría para que la muerte de otro pibe quedara en la impunidad. En disidencia, Alejandra Ongaro -que sí ocupa su cargo tras haber superado el concurso de rigor y con los mecanismos institucionales previstos- consideró que los tres policías que estuvieron sentados en el banquillo debían ir a prisión por el homicidio.

Gavazza y Rosetti determinaron la absolución de los efectivos César Emilio Fernández, Sergio Daniel Pérez y Rogelio Omar Benítez. La jueza Ongaro tuvo otra visión de los hechos y consideró que Fernández debía ser condenado a 3 años de prisión y 7 de inhabilitación; mientras que opinó que Benítez y Pérez merecían un año de prisión 5 de inhabilitación.

“Chami” Fernández tenía 17 años cuando murió quemado en una celda de la comisaría del Menor en General Pico, el 22 de noviembre de 2009.

El abogado de la familia de “Chami”, Ezequiel Marquesoni, anunció que se apelará la decisión y consideró que el dictamen era garantizar la “impunidad”. El fiscal Jorge Marcelo Amado, que había abierto la puerta a una sentencia leve el día en que pidió apenas 6 meses de prisión en suspenso, ni siquiera estuvo presente en el acto formal.

En medio del silencio que sucedió a la lectura de la sentencia, también resonó algún grito de los referentes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos que aportaron su presencia: “se muere un pibe en la comisaría y resulta que nadie es responsable”, se escuchó. Los jueces sonrieron algo nerviosos y se refugiaron de inmediato en sus oficinas.

Las absoluciones se dan en un contexto político en el que se debate especialmente sobre el delito y la niñez, que no estuvo ausente en el fallo: una serie de hechos y fallos sucesivos han volcado, desde el Poder Judicial, la balanza siempre para el mismo lado.

Casos paradigmáticos como los de Ichoust o Payela, o el más reciente de Toffoni, les garantizaron la libertad a los autores de esos homicidios o lesiones graves, según los episodios. El Poder Judicial también alivió la condena a Jorge Matzkin luego de que baleara a un joven por la espalda. Son solo los ejemplos más notables de una serie registrada en los últimos años y que parece ir en aumento.

Esa mano blanda con los abusos de arma -en todos los casos en perjuicio de niños o jóvenes pobres- tiene su contraparte: la mano dura aplicada sobre los propios adolescentes o jóvenes que delinquen, a tono con una ofensiva política en el mismo sentido.

El hecho

“Chami” Fernández fue llevado a la Cuarta el 22 de noviembre de 2009, alcoholizado y con una rodilla sangrando, luego de que lo demoraran porque le había pegado con una baldosa en la cara a un policía en la puerta de entrada de un boliche bailable. A las 5:00 lo dejaron en un calabozo. Y a las 5:20 llamaron a una ambulancia porque el colchón que le dieron al chico tomó fuego y él sufrió graves quemaduras en la mitad del cuerpo. Falleció una semana después en Buenos Aires, en el Instituto del Quemado. Nunca se encontró el elemento que inició el fuego.

Los tres policías que estaban en la Cuarta esa noche -Fernández era el oficial de servicio- llegaron ahora al juicio imputados del delito de homicidio culposo por actuar con negligencia al no disponer atención médica, no requisar ni mantener bajo custodia a la víctima. Era el único demorado que tenían esa madrugada.

El juicio, que se realiza en la Cámara del Crimen Nº 1 de Santa Rosa, fue seguido en las dos jornadas por familiares de la víctima -los padres participan como querellantes- y también por miembros de la Asociación de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que colocaron carteles en la entrada del edificio con la leyenda “Ni un pibe menos”.