Algunos otros nombramientos están a su firma, pero el margen ya es acotado, considerando su anuncio de un tope de 170 colaboradores, menos de la mitad de los 347 funcionarios existentes en esas carteras revisadas con la dispuesta cesantía masiva, fijada con el decreto Nº 44/14.

Aun así, las áreas recurrieron a distintas alternativas para retener a ciertos cuadros de exfuncionarios, utilizando la figura de contratos o promesas de adicionales para aquellos que volvieron a su categoría retenida como agente de planta permanente.

Aquel decreto estableció la baja de 335 funcionarios y al no incluirlos en la nómina, Weretilneck mantuvo inicialmente a 12 colaboradores: 11 miembros del Gabinete –los nueve ministros, el secretario general y el titular de Energía– y el jefe de la Policía. Partiendo con esa estructura mínima, el gobernador habló de un equipo de 170 cargos y se autoasignó 90 días para su reformulación.

Al iniciar febrero, los primeros ratificados fueron los cargos de Tesorería y de administración para el cumplimiento de las obligaciones de pagos. Después, poco a poco, los decretos de ratificaciones se sumaron y llegaron a 139. Falta –por lo menos no fue publicado– la formal designación de Raquel Morales en el DPA, a pesar de su anuncio oficial.

La estructura llega a 152 funcionarios, considerando aquellos no removidos y los ratificados con nuevos decretos. Hay carteras –como Agricultura, Desarrollo Social y Turismo– que anticipan la existencia de nombramientos pendientes. No se designó a nadie en el Idevi, como también, sólo están confirmados los titulares de Lotería y el DPA.

Las limitaciones de designaciones fijadas por Weretilneck derivaron en exclusiones y también, en diferentes propuestas de retención de exfuncionarios. Así, en Trabajo, sus delegados pasaron a contratados, lo cual explica que su inicial nómina de 22 bajara a cinco. Igualmente, esos contratos –por ahora– no llegan a la docena. La Agencia Recaudatoria habría usado igual metodología mientras otras áreas retuvieron ciertos colaboradores con diferentes figuras técnicas o ciertas bonificaciones para quienes ya eran agentes de planta. Tampoco faltan aquellos con situación todavía irresuelta.

Además, la revisión instrumentada comprendió funcionarios con reducción de cargos y además, áreas asignadas a un mismo responsable. Por ejemplo, Gabriel Limardo quedó a cargo de Recursos Humanos en Gobierno, pero también cumplirá esa función ad honórem en otras áreas, como Justicia y Trabajo.

En principio, según el relevamiento de los decretos, el nuevo esquema ubica a la Secretaría General con 21 cargos –siempre incluyendo a su titular– mientras que Economía (con la Agencia Recaudatoria) y Agricultura aparecen con 19 designaciones, pero ésta aún tiene nombramientos pendientes. Lo mismo ocurre con Desarrollo Social, que figura con 14 pero restan formalizar cargos. Por caso, la anunciada delegada en Bariloche, Esther Acuña.

Siguen Gobierno, con 12; Obras Públicas (incluyendo al IPPV), con 11; Educación, con 10, y Justicia, con 9. Turismo registra 8 pero, por ejemplo, falta toda la estructura de Cultura, alcanzando a su secretario. Energía y Salud tienen 7 funcionarios. Este organigrama se completa con 5 en el Ipross y en Trabajo; 3 en Policía y, por ahora, sólo uno en Lotería y el DPA.

El plantel era de 347 cargos en ocasión de la anunciada reestructuración.