El tratamiento, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerenses, de las denuncias contra el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, para definir si se lo sometía a juicio político -proceso que finalmente se hará dentro de 60 días-, mostró profundas divisiones doctrinarias entre los jueces, abogados y políticos que integran ese organismo, a partir de dos ejes. Uno de ellos pasó por los criterios que, a favor y en contra del llamado "garantismo", signan a la mayoría de las discusiones sobre la seguridad. Y el otro eje pasó por el debate sobre si un juez puede ser juzgado y eventualmente destituido por el sesgo doctrinario de sus resoluciones y la interpretación que en ellos se haga de las leyes, o solamente cuando incurra abiertamente en una irregularidad.

El debate se prolongó luego de que, como informara ayer EL DIA, el Jurado de Enjuiciamiento decidiera suspender en sus funciones al juez Sal Lari, que será sometido a un proceso de juicio político que podría derivar en su destitución. El jury se realizará en unos 60 días, según confirmó ayer el secretario de ese cuerpo, Ulises Giménez.

El Jurado mantuvo un fuerte hermetismo que se prolongó ayer en torno a las causas por las que se decidió suspender a Sal Lari y el posicionamiento de cada uno de los once miembros del cuerpo presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, e integrado por los senadores Fernando López Villa (CC) y Cristina Fioramonti (FpV), y los diputados José Luis Comparato (Gen), Carlos Gutiérrez (Unión-Pro) y Horacio Delgado (PJ) y los conjueces abogados Julio César Amat, Raúl Tripicchio, Francisco Berhabe, Carlos Tribiño y Juan Carlos París.

El pedido de jury contra Sal Lari fue sustentado en once denuncias que cuestionaban, en la mayoría de los casos, excarcelaciones que el juez concedió a personas que luego volvieron a cometer graves delitos.

A Sal Lari se lo denunció, por ejemplo, por no haber hecho lugar a un pedido de exclusión del hogar de un padre acusado de abuso sexual sobre su hija de 12 años; por la libertad que otorgó a un delincuente que, pese a que debía cumplir arresto domiciliario, robó a una pareja; y, quizás el caso más resonante, por haber ordenado excarcelar a un delincuente en el marco de una causa por posesión ilegal de armas que terminó participando en el asesinato del ingeniero Carlos Regis ocurrido en San Isidro en 2008.

Pero, según pudo saber EL DIA, en el análisis de la actuación del juez en todas esas causas, la mayoría de los miembros del Jurado se inclinó por considerar que la actuación del magistrado no merecía un reproche que justificara su enjuiciamiento. "La mayoría consideró que Sal Lari falla desde la doctrina del garantismo -que considera a la prisión una excepción y a la excarcelación como la regla- y que no incurrió en mal desempeño, por eso no votaron a favor de la suspensión en estos casos", detalló un legislador que integra el cuerpo.

De esa forma, se produjo la insólita situación de que Sal Lari será llevado a juicio por una causa en la que no se ocupó de que se cumpliera la excarcelación de un procesado, identificado como Jorge Luis González, dispuesta por la Cámara de San Isidro y que se concretó siete meses después, tras un reclamo del recluso.

Mientras que en las otras 10 denuncias, la mayoría de los 11 integrantes del Jurado no encontró motivos para enjuiciar al magistrado, en el Caso González, ocho de ellos se inclinaron a favor de que avance el proceso en su contra. Sin confirmación oficial, trascendió que los tres votos en contra habrían correspondido al Hilda Kogan y al de dos de los abogados.

Incluso, en uno de los casos más resonantes, el del ingeniero Regis, sólo dos integrantes del Jurado consideraron que la actuación del Sal Lari ameritaba su suspensión.

Por este trasfondo y esta resolución, familiares de víctimas de delitos e integrantes de la agrupación Madres del Dolor denunciaron ayer que en el análisis del jury a Sal Lari había primado un criterio de "defensa corporativa" contra el magistrado. Y en el marco de esa polémica, ayer presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aclaró que "por ahora" no vio anomalías con el proceso llevado a cabo contra el magistrado. "Si hubiera alguna, será planteada y llegará a la Corte", explicó.