La puja por la libertad de represores sin juicio

La puja por la libertad de represores sin juicio
Tiempo de San Juan en su edición del último sábado publicó una nota con el Fiscal Federal Francisco Maldonado, quien lleva adelante juicios por delitos de lesa humanidad, y fue amenazado este lunes por un represor detenido.
“No es automático ni mucho menos, hay mucha jurisprudencia en contra pero la ley es clara: agotados los dos años de prisión preventiva debe disponerse la libertad, aunque para causas complejas y otras excepciones puede prorrogarse hasta por un año más. Cualquier defensor pedirá la libertad, y no creo que haya decisión final hasta Casación o la Corte, dados los antecedentes”, analizó el abogado Rolando Lozano, quien defiende al ex jefe de la Policía Nicolás Manrique y al ex militar Juan Carlos Méndez Casariego, ambos detenidos y sin condena aún. Los dos ex uniformados integran el grupo de 11 procesados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en San Juan, con prisión preventiva, que no han tenido juicio aún y que este año es difícil que lo tengan. Esto los habilita a pedir su liberación si llevan dos años sin proceso, pero el fiscal federal Francisco Maldonado dijo que en casos de lesa humanidad corresponde que sigan tras las rejas. Lozano aseguró que ya pidió por Méndez Casariego y le fue denegado y adelantó que pedirá la liberación de Manrique.

Según la información de la Fiscalía Federal, hoy hay 25 procesados por delitos de lesa humanidad que se investigan en la Provincia. De ellos, hay 18 detenidos, procesados en el marco de 7 causas madre que engloban otras tantas, referidas a hechos vinculados a privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y hasta violaciones y homicidios, la mayoría ocurridos durante la última dictadura militar. De los 18 detenidos, 9 están alojados en sede penal y 9 están con prisión domiciliaria. El resto son 5 prófugos y 2 que quedaron libres. Además, figura en el listado Luciano Benjamín Menéndez, quien es investigado por múltiples vejaciones ocurridas cuando era jefe del III Cuerpo del Ejército en los ’70, núcleo del que dependía el RIM 22 local, pero no presencia ningún juicio y su indagatoria está pendiente, porque alega problemas de salud y permanece con domiciliaria en Córdoba.

De los detenidos, están sin juicio 12 que son Arturo Rubén Ortega, ex militar capturado el 29 de septiembre de 2011, quien ya tiene una prórroga de prisión preventiva por un año; al igual que Méndez Casariego, quien permanece en el Penal de Chimbas desde el 16 de agosto de 2011; y el ex militar Juan Carlos Alaníz, detenido el 16 de agosto de 2011. A ellos se les suman el ex militar Eduardo Daniel Cardozo, detenido desde el 17 de diciembre de 2012; el ex policía Juan Carlos Coronel, detenido el 3 de junio de 2013; el ex policía José Hilarión Rodríguez, detenido -está con domiciliaria- desde el 28 de noviembre de 2011; el ex policía Juan Carlos Torres, detenido desde el 28 de noviembre de 2011; el ex policía Cruz Alejandro Olmos, capturado –está con domiciliaria- el 12 de junio de 2012; el ex policía Darvin Vianor Mejías, detenido –goza de domiciliaria- desde el 12 de junio de 2012; el mencionado Manrique, detenido desde el 12 de junio de 2012 y actualmente con domiciliaria; el ex policía Oscar Edmigdio Amidey, preso desde el 12 de junio de 2012 y hoy con domiciliaria; y el ex militar Walter Mello, capturado el 27 de julio de 2012 y con prisión domiciliaria en Córdoba desde marzo de 2013.

Todos, menos Coronel que cumple dos años de preventiva en junio de 2015, están en condiciones de pedir la liberación este año, cuando no se prevé que se pueda iniciar ningún juicio, pero no les será fácil conseguirla.

La ley 24.390 establece que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, ésta podrá prorrogarse un año más por resolución fundada”.

El fiscal Maldonado dijo que “la Corte ha entendido que el plazo de 2 años no es automático, fundamentalmente en casos de lesa humanidad porque se están investigando crímenes cometidos por agentes estatales estando en funciones, que orquestaron un plan clandestino de represión y dentro de ese plan estaba buscar la impunidad de sus autores. Podemos considerar que eso aún hoy está subsistente, porque hay desaparecidos, no se sabe el destino que han tenido estas personas. Eso es obstrucción de la Justicia. Por otro lado, hay entorpecimiento de las investigaciones porque hay gente que todavía debe declarar. Además, está la complejidad de la causa, en cuanto al número de imputados que hay, cantidad de hechos que se investigan y eso amerita que la causa tenga un trámite un poco más lento que las causas normales. Si subsisten todos estos parámetros, la prisión preventiva se puede prorrogar, incluso superando los tiempos”.

Maldonado explicó que “lo que hay que hacer es un mérito de estas circunstancias, a medida que se venzan los plazos. Nosotros vamos pidiendo la prórroga de la prisión preventiva, sino el Tribunal de oficio también lo va haciendo y se pide a un tribunal superior que revise”. Y aclaró que “ésto juega en causas en etapa de instrucción, donde no se haya dictado condena. Por ejemplo, para los condenados en el último juicio no corre el plazo de 3 años”. Se refiere a los 7 penados –con condena apelada- en el primer megajuicio que culminó el 4 de julio de 2013: Osvaldo Martel, Rolando Gómez, Alejandro Lazo, Horacio Nieto, Francisco Del Torchio, Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, los dos últimos, prófugos tras escaparse escandalosamente días después de conocerse la sentencia.

“Este año creo que no habrá ningún juicio”, estimó el Fiscal. Agregó que “las causas no están paralizadas, están permanentemente moviéndose. La multiplicidad de imputados hace que se dificulte elevar la causa a juicio en el tiempo que debería ser, recabar pruebas es difícil, la cantidad de víctimas, todo eso en las causas de lesa humanidad justifican la demora por la complejidad”. El año pasado hubo sentencia por las causas Erize, Camus y Bustos. Actualmente están trabajando en las causas Ripoll, Nívoli, Desaparecidos, Amín de Carvajal y la compulsa Bustos, con más de 150 víctimas. La idea de la Fiscalía es aunar los casos y hacer otro megajuicio, atendiendo a que es complicado conseguir un tribunal, debido a que son varios los procesos judiciales en marcha en forma simultánea a lo largo del país.

En la causa Bustos están procesados Ortega, Alaníz, Carlos Malatto (prófugo), Cardozo y Jorge Horacio Páez (prófugo). En la causa Erize están procesados Menéndez, Ortega, Eduardo Daniel Vic (prófugo), Cardozo, Del Torchio y Coronel. En la causa Camus están procesados Menéndez, Ortega, Vic, Alaníz, Cardozo y Gómez. En la causa Amín están procesados Menéndez, Ortega, Méndez Casariego, Cardozo, De Marchi, Del Torchio y Gómez. En la causa Ripoll están procesados Olivera, Martel, Ortega, Alaníz, De Marchi, Del Torchio, Gómez, Coronel, Enrique Graci Susini y Elías Lucio Arancio, estos dos últimos puestos en libertad en 2013. En la causa Nívoli están procesados Olivera, Martel, Alaníz, De Marchi, Del Torchio, Gómez, Graci Susini, Olmos, Mejías, Manrique, Amidey y Mello. En la causa denominada Desaparecidos, están procesados Olivera, Martel, Ortega, Cardozo, De Marchi, Del Torchio, Nieto (con domiciliaria en Buenos Aires), Coronel, Rodríguez y Torres.

Sin pistas

La Justicia no tiene novedades sobre los paraderos de los condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que se escaparon el 25 de julio de 2013. Sigue vigente el pedido de captura internacional y la recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos.

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