En el discurso que el Intendente Municipal había preparado para pronunciar en la sesión especial de apertura del período legislativo 2015, también se refirió a temas polémicos como es la situación de los ex trabajadores de la Curtiembre Piazza que llevan años sin poder cobrar la totalidad de sus indemnizaciones.

Si bien es una problemática que viene de mucho antes que la actual gestión ingresara a la comuna, lo cierto es que actualmente la posibilidad del cobro de las mismas está frenada por un recurso judicial presentado por la Municipalidad de Azul ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Frente a esto y con la lucha que vienen llevando adelante este grupo de acreedores laborales de la quiebra, el Ejecutivo propuso hacerse cargo de las acreencias laborales en un expediente que está siendo estudiado en el seno del Concejo Deliberante.

Lo que elevó el Departamento Ejecutivo a mediados de marzo es un proyecto de ordenanza para que el Concejo lo autorice a usar 2.300.000 de pesos de fondos que están afectados a otros fines

El pasado viernes el Dr. José Inza, que ha sido reacio a recibir a los ex operarios de esta fábrica, incluyó el tema en su discurso y lo que hizo fue dejarlo en manos del Concejo Deliberante, cuando en realidad y esto hay que decirlo, el pasado 9 de diciembre el cuerpo, por unanimidad, aprobó una resolución que autorizó al Ejecutivo a efectivizar en un plazo perentorio la compra de las acreencias laborales correspondientes a la quiebra de Piazza.

“Una herencia”

En principio, Inza en el discurso que no pudo terminar de pronunciar, pero cuya copia fue entregada a los medios, aclaró que se trata de una problemática que “nos llega como una herencia social importantísima”.

“En el año 1998 los dueños de la ex Curtiembre Piazza deciden cerrar las puertas del establecimiento de manera intempestiva. Un inmueble estratégicamente ubicado, un predio de 16 hectáreas y algunas maquinarias eran el único activo con de la empresa. La quiebra permaneció inexplicablemente detenida en el tiempo hasta el año 2012”, amplió.

Recordó que “desde la anterior gestión de gobierno se había solicitado un préstamo con autorización del Concejo Deliberante, a fin de comprar ambos inmuebles ni bien salieran a la venta en subasta pública. Nosotros en pocos meses tuvimos que definir la compra del predio, en momentos que vivíamos una delicada situación económica heredada”.

“A los pocos meses -continúo- y en este mismo año 2012, sale a subasta pública el inmueble edificado, estratégicamente ubicado en uno de los barrios más importantes de la ciudad, con prestaciones únicas y de gran utilidad para el Partido de Azul”. “Finalmente y en una tercera oportunidad se presentaron dos ofertas, una la municipal por $ 3.525.000 y otra formulada por un particular, por $ 3.526.000”, finalizó con el relato de lo sucedido.

“En atención al escaso margen de diferencia entre ambas cifras (0,02 %) el municipio requirió una nueva audiencia de mejora de ofertas, desestimada por el juez y posteriormente por la Excma. Cámara de Apelación Departamental”, apuntó

Tal como lo señala en su discurso el mandatario comunal, esa situación motivó la interposición de un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el cual aún se encuentra pendiente de resolución.

“Nuestro norte debe ser el interés de todos”

A continuación lo que hizo fue remarcar cuáles fueron los argumentos que lo llevaron a plantear esta apelación: “Defender el interés público y el bien común, dos importantes valores que detenta el estado, los cuales han intentado desconocer y presentar socialmente como falla del gobierno”.

“Créanme que este Intendente ha defendido como nadie los intereses del Partido de Azul y esta cuestión no escapa a ello. La puja de intereses entre lo público y lo privado es habitual, pero nuestro norte siempre debe ser el interés de todos. Cuando un Estado persigue para sí un bien -en este caso un inmueble- la lógica indica que ese interés debe ser superlativo”, opinó.

Consideró también en este sentido que “se nos ha pretendido imponer una claudicación en el cumplimiento de nuestras obligaciones en defensa del interés público, intentando privilegiar intereses privados, pero nuestros objetivos son claros y concretos, no puedo permitir que presiones prepotentes y violentas me hagan desviar de mis obligaciones como gobernante”.

Finalmente, Inza dijo que “quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la quiebra no se han expedido oficialmente sobre su viabilidad, sin embargo, reconociendo la necesidad de este grupo social, este gobierno ha elevado un proyecto de ordenanza para ser debatido por los representantes del pueblo”.

“No me cabe duda de que tomarán las decisiones que correspondan, con la máxima responsabilidad, y esta será acompañada por el Departamento Ejecutivo en su instrumentación”.

SANEAMIENTO DEL PREDIO LINDERO A LA CURTIEMBRE

Inza también hizo referencia al predio de 16 hectáreas pertenecientes a la ex curtiembre que sí compró el municipio y que no pudieron ser utilizados para el PROCREAR porque los estudios determinaron que no son aptos para la construcción de viviendas por estar contaminados.

“En relación a este tema, les tengo que decir que hemos adquirido el inmueble a pocos meses de asumir el gobierno, en cumplimiento de una ordenanza”, indicó en primer lugar.

Luego observó que “desde el cierre de la fábrica hasta la actualidad nunca, ninguna gestión se interesó por conocer el estado ambiental de esa cantidad de hectáreas”.

Destacó entonces “la seriedad con que tratamos todos los temas, que ponemos en agenda” y contó que “en oportunidad de ofrecer esos lotes para viviendas nos pusimos en contacto con la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Infraestructura de Nación. Allí celebramos un importante convenio marco que dio origen a algunos acuerdos específicos que tienen como corolario la materia ambiental. Es por ello que pudimos solicitar un informe pormenorizado y estandarizado internacionalmente del estado de la tierra por parte del SEGEMAR – Servicio Geológico Minero Argentino- máximo organismo nacional en estudios de suelos”.

“Dicho informe plantea la existencia de un pasivo ambiental desconocidos a la fecha por todos: el estado municipal, la quiebra en que se pone a la venta, la sociedad de Azul en general. Esta situación fue planteada a la comunidad, informada por todos los medios de comunicación posibles, y asumiendo la responsabilidad que nos cabe, automáticamente suscribimos un convenio con el Ministerio de Ambiente de Nación para el estudio de la remediación y saneamiento de los suelos, y financiamiento para una obra sin precedentes en nuestro partido. Esta es otra demostración de la importancia y seriedad que le imprimimos a asuntos realmente importantes para nuestros vecinos”, aseguró el Intendente.