Daniel Benítez, de la Federación Nacional Campesina-Chaco, y una delegación integrada por otros 22 referentes de las organizaciones que rubrican el documento, se presentaron este martes a media mañana en la Corte Suprema de Justicia.

Allí fueron recibidos en la Secretaría General, ante la cual solicitaron ser recibidos por alguno de los ministros. Si bien la reunión no fue posible, para hoy se aguarda una comunicación oficial del tribunal.

Organizaciones aborígenes de Pampa del Indio recurrieron a la Corte Suprema para exponer la situación y solicitar medidas en el marco de la medida cautelar que, denunciaron, no se cumple.

Desde Buenos Aires, Benítez dio cuenta de la situación que atraviesan los originarios del Chaco y fundamentó la llegada a la Corte con el reclamo. “Nos manifestamos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos y de lo prometido por el Ejecutivo de la provincia.

Somos perseguidos por la justicia y este gobierno hace oídos sordos a nuestros pedidos. Hemos agotado todas las instancias de diálogo con el Ejecutivo de la provincia”, aseguró.

El documento, que testimonia ante la Corte la situación de los pueblos originarios, fue recibido por la Secretaría General, desde donde lo pondrán en conocimiento de los integrantes del tribunal nacional. “Está vigente la medida cautelar y queremos que se aplique efectivamente”, enfatizó Benítez, mientras anunció que las organizaciones aguardarán allí, en Buenos Aires, la resolución o medidas que tomará la Corte.

Ante la situación de emergencia de las comunidades aborígenes que habitan la provincia, la Corte Suprema hizo lugar hace ocho años a un recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, y otorgó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional y al gobierno de Chaco suministrar alimentos, agua potable y atención médica a los habitantes de más de 30 comunidades de la etnia toba, por entender que se encontraban en riesgo sanitario y, posiblemente, de muerte por desnutrición y enfermedades.