Vecinos de Pueblo Nuevo repudiaron la orden judicial que prevé desalojarlos del predio que ocupan desde hace casi tres años en el barrio El Ombú, en tanto calificaron como “precaria” la alternativa propuesta por la Comuna para acceder a una vivienda alternativa y no quedar en la calle. Cabe destacar que la fecha de ejecución de la medida se estima para el próximo 16 de diciembre.

El caso se remonta a principios de marzo de 2014, cuando diez familias de la zona ocuparon un terreno fiscal ubicado entre las calles Río Luján, Beláustegui y Padre Varela, donde se instalaron de forma precaria erigiendo sus viviendas con los materiales que tenían a mano: chapas, lonas y maderas. Se trata de un predio de unos 4.000 metros cuadrados que quedó sin edificar en el marco de un plan de viviendas financiado por la Provincia en 1995.

Apenas producida la ocupación la Comuna realizó una denuncia y en junio de ese mismo año la Justicia emitió una orden de desalojo. Ante esta situación, y acompañados por militantes del Movimiento de Trabajadores Comunitarios (MTC), los vecinos mantuvieron una serie de reuniones con funcionarios y legisladores para evitar la ejecución de la medida y alcanzar una solución que les permitiera ejercer su derecho a la vivienda.

Luego de considerar varias alternativas, se decidió dejar en suspenso la orden de desalojo hasta tanto se encontrara una solución satisfactoria para las familias. La causa estuvo inactiva hasta octubre pasado, y desde la Comuna nunca se informó acerca de los avances que pudieron registrarse. 

“Pagar los terrenos”

“Hace dos semanas más o menos nos convocaron desde la Municipalidad y tuvimos una reunión con el director de Políticas Sociales, Carlos Romero. Nos hicieron una propuesta y nos dijeron que si no la aceptamos nos iban a desalojar con la fuerza pública”, explicaron los vecinos a EL CIVISMO.

De las 10 familias que originalmente se instalaron en el predio, en la actualidad quedan solamente cinco, todas con menores a su cargo. “Algunas familias se fueron yendo, pero otras nos quedamos y fuimos construyendo casas de material. No queremos perderlas”, agregaron.

La propuesta realizada por la Comuna a las familias consiste en entregarles un subsidio equivalente al monto del alquiler de un nuevo inmueble, beneficio que deberán renovar cada tres meses. “Nos dan el dinero para los primeros tres meses, pero nosotros nos tenemos que encargar de buscar la vivienda. No sabemos si después lo van a seguir renovando y nos da miedo de terminar en la calle”, señalaron, al tiempo que reiteraron su pedido de “poder pagar nuestros terrenos en cuotas”.

“Si esas tierras están destinadas para viviendas desde hace tiempo, nos parece injusto que nos desalojen”, continuaron los vecinos. La desazón aumenta cuando aseguran que “supuestamente quieren las tierras para construir más viviendas. Entonces, porqué no nos dejan a nosotros pagar nuestros terrenos y quedarnos ahí”, añadieron.

En cualquier caso, afirmaron que “vamos a resistir este desalojo porque no tenemos adonde ir. Nos parece una solución precaria la que nos están dando. Queremos que el intendente nos reciba, dé la cara, y nos ofrezca una solución. Que nos comprenda y nos permita acceder a una vivienda digna”, concluyeron.

Cédula de notificación

La cédula de notificación entregada a los vecinos por la Comuna lleva la firma del director de Políticas Sociales, Carlos Romero, y señala que, “en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas y de la situación actual de la causa judicial IPP 1928/14, en donde se propuso un plazo de espera para instar los mecanismos de reubicación, solicitamos a UD. que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos tengan a bien indicar a esta Dirección, datos sobre el inmueble que alquilará, a los efectos de cumplir con los recaudos contables y administrativos para el otorgamiento del subsidio que la Comuna le otorgará para dicho fin”.

“Vencido el plazo acordado en las actuaciones judiciales, se producirá el desalojo del predio. Por ello, se solicita que antes de concretarse el tiempo indicado a la Fiscalía de sesenta (60) días, que operará aproximadamente el 16 de diciembre del año en curso, se acerque la documentación requerida a la Dirección de Políticas Sociales de la Comuna”, concluye.   

“Hay una sentencia firme”

En diálogo con este medio, Romero explicó que “nosotros nos anoticiamos de la decisión del Juzgado de efectuar el desalojo unos días antes de la fecha marcada originalmente, el 16 de octubre. Ellos se acercan a la Dirección de Políticas Sociales con la copia de la notificación del Juzgado y, tras realizar algunas gestiones, conseguimos una postergación del desalojo por un plazo de 60 días”.

“Nos volvimos a juntar el primer día hábil posterior a la fecha de desalojo para buscar alternativas. En esa reunión hicimos dos propuestas: la primera es que si ellos tienen algún familiar o amigo que los pueda albergar en su terreno, nosotros les ofrecemos materiales para que puedan construir su vivienda e instalarse; la segunda es pagarles un alquiler por tiempo indeterminado hasta tanto ellos puedan resolver su situación habitacional”, completó.

El funcionario amplió el sentido de sus declaraciones afirmando que la “solución definitiva” pasaría por poder acceder a un terreno propio a partir de haberse inscripto en el Registro de Demanda Único y Permanente de postulantes a planes de vivienda sociales que funciona en la Dirección de Tierras y que cuenta al presente con más de 4.000 inscriptos. “Ellos ya están anotados en el listado para solicitar el terreno”, apuntó.   

En cuanto a la disconformidad de los vecinos con las alternativas ofrecidas por la Comuna, Romero opinó que “confunden los plazos y hablan de tres meses porque normalmente son los plazos por los que se otorgan los subsidios, pero se pueden renovar indefinidamente hasta que haya una solución definitiva”.  

“El tema es que hasta ahora no nos han acercado la documentación necesaria para poder tramitar el subsidio, cuya única condición es que rindan los gastos correspondientes. La situación de ellos es excepcional porque hay una sentencia de desalojo firme”, completó.

Por otra parte, se refirió a los planes del Ejecutivo local en relación al predio en conflicto. “El plan original de viviendas que estaba proyectado en ese predio está caduco y los dos planes que hay en marcha actualmente -202 viviendas en Santa Marta y 40 en Olivera- están afectados a familias que sufrieron inundaciones. Una vez recuperado el predio, veremos qué se puede hacer, si se le da uso como espacio público u otra cosa. Pero por ahora no estamos pensando en construir viviendas. No tenemos esa posibilidad”, afirmó.

“Lo que está claro es que la sentencia se va a ejecutar y nosotros no queremos que habiendo conseguido una prórroga no nos traigan la documentación y no puedan sacar el subsidio para relocalizarse”, concluyó.