Los concejales del Frente Pampeano elaboraron y presentaron un proyecto de ordenanza para regular la publicidad oficial por medio de “criterios objetivos”. Los ediles propician la iniciativa luego de un escandalete creado a partir de que el viceintendente Ángel Baraybar justificó en su estilo que las radios pertenecientes al Grupo Matzkin perciban dineros del estado local pese a que las radios que operan son ilegales y a que incluso utilizan como si fuera propia la frecuencia que en realidad es de la comuna.

Los concejales del FrePam señalaron que “las denuncias públicas sobre la pauta oficial del Estado Municipal, han servido como disparador quizás, para abrir un debate, que tiene por eje la relación del gobierno con los medios de comunicación y por núcleo, la libertad de expresión de toda la población”.

A criterio del FrePam “es necesaria la regulación” de la distribución de publicia “porque no se puede permitir sea cual fuera el signo político que gobierne, que se utilice la pauta del Estado para premiar medios afines o castigar a los críticos, en franca violación a normas internacionales de derechos humanos”.

El proyecto busca otorgar un marco normativo “que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad, para evitar y/o facilita las decisiones arbitrarias y el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política”, añaden.

Opinan que “la discrecionalidad en el otorgamiento de la pauta oficial, genera efectos inhibitorios, ya que en muchos medios es esencial para la supervivencia financiera del mismo, sumado al sistema por el cual, muchos periodistas y productores deben negociar directamente los anuncios para sus programas de cable o radio”.

“Establecer reglas claras no es fácil, pero ellas deben estar regidas por principios tales como la transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso a la publicidad, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad de controlar a quienes toman la decisión de colocar la publicidad que se compra con dinero público”, agrega el proyecto.

“Es decir, que nos cabe la responsabilidad de legislar para proteger el interés público, el libre acceso a la información, la transparencia, la racionalidad en el uso de los fondos públicos, la eficacia, la razonabilidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de acceso a la distribución y el respeto por el pluralismo informativo, como principios básicos”, destaca el bloque que integran Guillermo Di Liscia, Marcos Cuelle, Cecilia Roigé y Félix Villatoro.

“Es importante destacar que el proyecto de ordenanza no pretende ser una imposición en sí mismo, sino que por el contrario, está abierto al debate, al enriquecimiento y corrección, a fin de alcanzar un marco normativo que logre abarcar el objeto del mismo: regular a través de criterios objetivos, la distribución de la pauta de publicidad oficial, entre los distintos medios de comunicación que existen en el ejido municipal”, completan.

La ordenanza define qué se entiende por publicidad municipal, determina que la Dirección de Prensa sea autoridad de aplicación y crea el Registro Municipal de Medios de Comunicación (“en el que deberán inscribirse todos los medios de comunicación -canales de televisión, portales de noticias, medios gráficos y radios, productoras, programas de televisión y programas de radio-, que tengan la intención de conseguir la emisión de publicidad”).

La inscripción se realizará bajo el carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del listado de medios de comunicación autorizados a recibir pauta oficial.

La iniciativa establece que las erogaciones destinadas en pauta oficial no podrán superar el 0,4% del presupuesto municipal anual, incluidos los entes descentralizados.

Señala que la distribución de la pautas deberá tener una relación equitativa entre medios de comunicación que ofrezcan el mismo canal de comunicación.