Un nuevo frente de tormenta financiera se abrió entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Esta vez, el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) le reclama a la Intendencia el pago de $ 33,4 millones por aportes y contribuciones al Subsidio de Salud y otras retenciones. El período en mora, de acuerdo con la carta enviada por el interventor del organismo, Fernando Avellaneda, al intendente, Germán Alfaro, corresponde al lapso entre junio y noviembre del año pasado. Por ahora, el pago de esa deuda se discute por la vía administrativa, indicó Avellaneda a LA GACETA.

Según el funcionario, la Municipalidad sólo ha abonado la cuota correspondiente a diciembre y al medio aguinaldo. Además, el organismo que encabeza Avellaneda está esperando que se cierre el mes para establecer si la falta de pago persiste en este período. “Nuestra obra social es solidaria; por lo tanto, no hemos dejado de prestar los servicios a los afiliados de la Municipalidad, pese a que no se abonaron las cuotas correspondientes”, afirmó. Tampoco fueron interrumpidas otras prestaciones, somo subsidio por sepelio o por fallecimiento, entre otras.

Sólo por prestaciones del Subsidio de Salud, la deuda asciende a $ 32,2 millones de acuerdo a la misiva que recibió Alfaro y en la que la obra social estatal le recuerda que ya había efectuado la solicitud de pago ante “los estamentos técnicos de la institución, sin ninguna respuesta hasta la fecha”. Avellaneda enfatizó que las sumas reclamadas “comprenden no solo la contribución estatal (a cargo del municipio empleador), sino también el aporte mensual a cargo de los trabajadores y otras retenciones, montos que -por hipótesis- habrían sido retenidos por el municipio de los haberes de sus empleados, mes a mes, sin que fueran girados al Instituto de Previsión”.

A título de ejemplo, el Instituto observa que los aportes a la obra social que el municipio habría retenido a sus empleados durante el período reclamado “ascendería a los $ 14,5 millones, sin que esa suma fuera girada posteriormente” a la obra social.

La deuda reclamada a la Intendencia capitalina por el Instituto de Previsión equivale a un mes de prestaciones que la obra social debe abonar a las clínicas y a los sanatorios que atienden a sus afiliados. Actualmente, hay 148.000 aportantes en toda la provincia, con un total de afiliados que asciende a los 315.000 casos. En la capital, en tanto, los titulares son 5.165, mientras que hay 7.884 beneficiarios, lo que hace un total de 13.049 afiliados. A ello hay que agregarle otros 3.000 beneficiarios más que corresponden al Concejo Deliberante Capitalino.

En la nota, Avellaneda insiste con que las prácticas que gozaron los beneficiarios municipales “tuvieron que ser financiadas con los fondos provenientes de los aportes y contribuciones de los restantes afiliados a la institución, hecho que resulta ética y jurídicamente inadmisible”.

Por esa razón, el interventor del Ipsst le advierte al intendente que, en caso de no acatar la intimación de pago, la entidad se verá obligada a iniciarle acciones judiciales. “Esto con el fin de resguardar el patrimonio de la entidad y, al mismo tiempo, procurar que el sistema no se desfinancie (en perjudicio de toda la masa de afiliados que quedarían sin cobertura), debido al incumplimiento de la repartición singularmente considerada”.

¿Quién debe a quién?

La Provincia viene reclamando a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán una deuda cercana a los $ 500 millones. Sin embargo, como viene sucediendo desde la gestión anterior, la administración que ahora encabeza Germán Alfaro no reconoce ese pasivo. En los últimos meses se produjo un intercambio epistolar a propósito de los pedidos de firmar acuerdos para el reconocimiento del endeudamiento y la gestión de un plan de pago. Desde la intendencia, a su vez, quieren efectuar un cruce de datos, con el fin de establecer si efectivamente hay deuda pendiente.

Hasta fines de 2015, el Ministerio de Economía de la provincia ha calculado una deuda exigible a ese año de $ 267,7 millones, sin tomar en cuenta la deuda con el Subsidio de Salud. El área que conduce Eduardo Garvich quiere efectuar la conciliación de deudas hasta fines de mes y está dispuesto a darle “el mismo trato que la Nación le brinda a la provincia” para la refinanciación de pasivos, según admitieron fuentes de esa cartera.