El gobierno provincial trabaja a contrarreloj con el fin de tener listos para fin del corriente mes o inicios de febrero los documentos que se utilizarán para volver a transferir a un privado las acciones de la firma Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).

Así lo adelantó a LA MAÑANA el ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, quien manifestó que el objetivo es que la actual empresa estatal se “reprivatice”, como máximo, para mayo. “Están trabajando los técnicos en la conformación de los pliegos para la transferencia de las acciones. La idea es presentarlos a fin de mes o en febrero. El gobierno lo que quiere es tener el tema solucionado para mayo”, resumió el funcionario.

Sin embargo, Testa evitó dar cualquier tipo de precisión sobre los pliegos, como por ejemplo qué requisitos se les pedirán a las empresas que quieran comprar todo el paquete accionario o parte del mismo, o bien si se incluirá alguna cláusula que permita actualizaciones temporarias y automáticas de los peajes en los próximos años.

Con todo, los trascendidos indican que el gobierno mantiene la idea de armar un modelo de concesión diferente al original de 1997, ideado por el ex gobernador Ramón Mestre, que estipulaba que la empresa debía mejorar integralmente todas las rutas de acceso a la capital, a cambio del cobro de una tarifa de peaje en dólares, altamente rentable. Ahora, la propuesta sería radicalmente diferente: quien asuma el control de Caminos de las Sierras, sólo se encargaría de la operación de las cabinas y la ejecución de obras de mantenimiento pequeñas de los caminos, mientras que los proyectos de gran envergadura correrían por cuenta del Estado. Con respecto al costo del peaje, seguramente será en pesos y se incluiría en el contrato la posibilidad de aumentar las tarifas todos los años.

Como fuere, lo concreto es la confirmación de que la Provincia siempre tuvo como objetivo tomar la concesión solo temporalmente para volver a adjudicarla a un operador privado. Si bien la intención inicial era que ya estuviera “reprivatizada” para fines de 2010, finalmente los tiempos se dilataron y el plazo se extendió ahora hasta mayo.

Siete meses de gestión estatal

Si los plazos anticipados por Testa se cumplen, habrán sido finalmente siete los meses en que la RAC estuvo en manos del Gobierno, ya que el traspaso de Caminos a las Sierras a la órbita estatal ocurrió el 31 de agosto del año pasado.

La historia reciente de la RAC indica que en febrero de 2010 se alcanzó el acuerdo con el ex accionista mayoritario, el Grupo Impregilo. El mismo implicó que dicho consorcio italiano desistiera de la totalidad de las acciones legales que tenía contra la Provincia, incluyendo la demanda ante el Ciadi por U$S 250 millones. Paralelamente, Caminos de las Sierras tuvo también que cerrar el concurso de acreedores.

A cambio, el Estado le reconoció a Impregilo una deuda de U$S 76 millones y se acordó el pago de la misma en un plazo máximo de 90 cuotas (siete años y medio) a una tasa del 9,5% anual en dólares. La cancelación tiene costo cero para las arcas públicas, puesto que se hace a través de un fideicomiso armado en base al goteo del 32% de la tarifa de los peajes. De todos modos, como garantía del pago, el Estado puso como aval la coparticipación provincial.