Dos noticias gigantes en un solo día. Por un lado, se abolieron las celdas de castigo inauguradas en la Penitenciaría de San Martín por la dictadura. Por el otro, el Gobierno cumplió a rajatabla el plazo de dos meses al que se había comprometido el 18 de abril pasado, cuando Día a Día publicó el adelanto que, admitamos, sonaba a demasiado pretencioso.

El anuncio fue realizado en un acto presidido por el gobernador, Juan Schiaretti, secundado por su ministro de Justicia, Luis Angulo. “Este programa cambia el paradigma del encierro en el cumplimiento de las medidas disciplinarias para internos con problemas conductuales”, dijo el ministro, cuando presentaba el “Programa para internos con dificultades conductuales”.

Cómo era y qué cambia. Hasta el día de ayer, cualquier interno quedaba sujeto a la absoluta discrecionalidad de un guardiacárcel, y ante la mínima distracción (como dormirse durante la lista) podía llegar a terminar en el oscuro pabellón 15 de la Penitenciaría. Allí, podía recalar hasta 20 días en una celda de uno por dos, con un nicho que hacía de camastro, en un lugar inmundo, oscuro, tortuoso. Aislado totalmente del mundo, haciendo sus necesidades en un papel de diario, comiendo con las manos y padeciendo la barbarie.

Los resultados eran obvios: opresión, marginalidad, bronca y degradación de la persona, justo lo opuesto a lo que se propone la ley. Por eso, el 22 de marzo, el propio Angulo reunió a un abanico de autoridades judiciales y se autoimpuso un plazo de 60 días para abolirlas.

El nuevo sistema avanza por dos frentes. El primero es el edilicio, con la construcción de nuevas celdas, iluminadas, con sanitarios, con espacio y ventilación, para alojar a los internos de mala conducta.

Se trabajó en San Martín con un nuevo pabellón para 40 internos. Bouwer a su vez contará con cuatro módulos de 25 celdas cada uno, Cruz del Eje ya tiene 312, y el resto de las cárceles provinciales tendrán entre tres y seis ubicaciones.

El segundo frente tiene que ver con el proceso y el régimen de encierro. Será necesario que sea el director (y no los carceleros) el que disponga el traslado. Se deberá informar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y en 24 horas asegurar la presencia de un asesor letrado provisto por la Justicia.

En lo que hace al régimen, el “conflictivo” tendrá derecho a dos horas de patio, y no se le interrumpirán sus actividades educativas o laborales. Además se le respetarán dos horas semanales en locutorio para el contacto con familiares.

“Sabemos que estamos hablando de personas conflictivas, pero la decisión política del Gobierno es correr ese riesgo en pos de apostar por la recuperación y no por el castigo de esos internos”, respondió Angulo ante la consulta de este diario. Desde Buenos Aires, El procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, se deshizo en elogios para la iniciativa cordobesa. “No hay ninguna provincia en nuestro país que haya tomado una medida de este tipo. La celebro”.

Seguramente los internos, desde sus pabellones, y las 31 víctimas fusiladas en el ‘76, desde vaya a saber dónde, también lo celebran.

490. Es la cantidad de plazas que se incorporarán en las distintas cárceles para albergar a los internos con problemas de conductas. La idea es tratarlos de modo intensivo para reencauzarlos.