El jueves último la provincia de Salta presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el estudio de impacto ambiental acumulativo que fuera pedido por este tribunal en el marco del amparo presentado por comunidades aborígenes y pequeños productores rurales en contra de los desmontes y la tala en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Según precisaron fuentes del Gobierno, la presentación corrió por cuenta de la Fiscalía de Estado de Salta, a cargo Ricardo Casali Rey. Las fuentes señalaron que la provincia elevó este estudio a la Secretaría de Ambiente nacional, la que observó algunos aspectos y, tras devolverlo a la provincia, ésta lo llevó ante la Corte.
Entre el momento en que el estudio estuvo listo, a fines de julio, y el de su presentación, se generó una confusión porque el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, aseguró, en una resolución por la que autorizó la continuidad de los aprovechamientos forestales, que había sido elevado a la Corte el 27 de julio. Luego, mediante otro decreto, intentó subsanar este error, pero para entonces los abogados de la contraparte ya habían pedido al tribunal que aplicara sanciones pecuniarias a la provincia por la demora en presentar este estudio, y que anulara la resolución que reanuda la tala selectiva, suspendida por la medida cautelar que dictó la Corte Suprema en diciembre del año pasado, ampliada en marzo.
Aunque no se detalló, se estima que la provincia también presentó el decreto reglamentario de la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos. Por este instrumento legal, que determina que áreas boscosas pueden ser deforestadas para la agricultura y cuáles deben ser preservadas, el ministro de Ambiente, Julio Nasser, ha sido convocado a Diputados.


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