El fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós pedirá la nulidad del contrato firmado con la empresa Eco Desarrollo SA. en el año 1999. Esto ocurre en respuesta a un pedido del gobierno para que la fiscalía actúe con mayor celeridad, luego de que ya fue instruida a promover acciones judiciales contra esa empresa, mediante el decreto 2478/11, firmado por el gobernador Urtubey el 30 de mayo.
Mediante este instrumento, se instruyó a la Fiscalía de Estado a promover acciones judiciales procedentes en contra de la concesionaria y en resguardo de los intereses provinciales. A través del decreto n° 2478 del 30 de mayo de este año, se procedía a la revocación del contrato con Salta Forestal por declararlo lesivo para los intereses de la provincia.
Ese instrumento instruía para que la fiscalía efectúe la rescisión del contrato efectuado entre el gobierno de Juan Carlos Romero y la empresa Ecodesarrollo SA. Propiedad de Alfredo Paulino Olmedo. La resolución del gobierno provincial llegó luego de la creación de una Unidad de Negociación a la que Ecodesarrollo SA no respondió, por lo cual se pasó a la vía judicial declarando lesivo a los intereses de la provincia el contrato celebrado con aquella firma y se instruyó al fiscal para que promoviera las acciones en la justicia.
El origen del contrato, se remonta al año 1998, cuando mediante el decreto 1140 se declaraba de interés público un proyecto presentado por Ecodesarrollo SA. Denominado "Ecodesarrollo integral: Biológico, Económico y Social de Salta Forestal SA.", donde se autorizaba a un llamado a licitación.
Las miras del proyecto apuntaban a desarrollar en forma conservacionista y sustentable las tierras de Salta Forestal, teniendo en cuenta aspectos sociales con la creación de puestos de trabajo, salud y educación para los puesteros de la zona, a fin de mejorar la calidad de vida de estos pobladores con alto grado de necesidades insatisfechas.
Lo que inicialmente se presentaba como un contrato no viciado, posteriormente, con el dictado de la resolución 249 del 2006, del ex ministerio de la Producción y el Empleo, se evidenció que el mismo se apartaba de la finalidad declarada y no establecía contraprestaciones equivalentes por la explotación de las tierras.
Aún más, la resolución convalidaba prestaciones que beneficiaban desmesuradamente al concesionario Ecodesarrollo SA., por particularidades del contrato, pudo, sin modificar el mismo, cambiar el plan de inversiones conservacionistas y sociales, por el cultivo de soja, sin ofrecer pagar más en concepto de contraprestación, a la provincia. Luego de presentar el decreto de revocación del contrato, Urtubey definía las condiciones del mismo como de un "enorme regalo a un particular desde el Ministerio de la Producción del año 2006".
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